El Senado autoriza al Gobierno a aplicar el 155 en Cataluña
Rajoy ha recibido el apoyo del PP y del PSOE (Moncloa/Diego Crespo)
El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya el acuerdo adoptado en la Cámara Alta
El Parlament aprueba la declaración de independencia, que puede leer aquí, en votación secreta
El Senado ha aprobado este viernes, 27 de octubre de 2017, por mayoría absoluta, autorizar las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.
Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria han sumado el 80% de la cámara y han votado a favor mientras que Podemos y los nacionalistas de ERC, PNV PDeCAT, Compromís y EH Bildu lo han hecho en contra.
Nueva Canarias se ha abstenido y tanto el senador socialista y ex presidente catalán José Montilla como el ex presidente balear Francesc Antich se han ausentado durante la votación.
La Cámara Alta ha dado luz verde a las medidas propuestas por el Ejecutivo después de recibir la autorización del Tribunal Constitucional y ante la extraordinaria gravedad en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y la realización de actuaciones gravemente contrarias al interés general por parte de las instituciones de la Generalitat de Cataluña.
En este contexto, y después de constatar que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, no atendió al requerimiento planteado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Senado considera que procede la aprobación de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del interés general por parte de la Generalitat de Cataluña, incluidas en el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, con los siguientes condicionamientos y modificaciones:
En cuanto a las medidas dirigidas al presidente de la Generalitat, al vicepresidente y al Consejo de Gobierno, el ejercicio de dichas funciones corresponderá al Gobierno de la Nación o a los órganos o las autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación.
El texto del acuerdo señala que el ejercicio de las competencias, facultades y funciones que, en virtud de lo autorizado, se atribuya a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación, se ajustará a la normativa vigente, estatal o autonómica, que en cada caso resulte de aplicación.
La revisión jurisdiccional de los actos y disposiciones dictados por sustitución en las funciones o competencias de los órganos de la Administración de la Generalitat de Cataluña se sujetará a las previsiones de la legislación procesal. La revisión jurisdiccional de los actos y disposiciones dictados en aplicación de las medidas previstas en este acuerdo corresponderá a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en atención al rango de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno.
En esta situación, el Senado advierte de que el incumplimiento de las medidas contenidas en el acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de aplicación, sin necesidad de recurrir a informes previos sobre los expedientes disciplinarios.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 66.2 de la Constitución, las facultades de seguimiento y control de las medidas contenidas en el acuerdo se atribuyen a la Comisión conjunta de las Comisiones General de Comunidades Autónomas y Constitucional.
Además, el Gobierno, atendiendo a la evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación, llevará a cabo una utilización proporcionada y responsable de las medidas aprobadas por el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen.
El texto aprobado por el Senado incluye dos enmiendas del PSOE. Una de ellas, aceptada a última hora por el PP, excluye de las medidas el control de la televisión autonómica TV3 y el resto de medios públicos catalanes.
Poco antes de que el Senado aprobase –tras la defensa realizada por Mariano Rajoy de la aplicación del 155– las medidas a adoptar por parte del Gobierno para restablecer la legalidad en Cataluña, en el Parlament Junts pel Sí y la CUP han aprobado la declaración unilateral de independencia (DUI).
Con los votos de Junts pel Sí y la CUP se ha aprobado una resolución que declara que «Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república» y otra en la que se plantea abrir un «proceso constituyente» que finalizará con la aprobación de una Constitución del nuevo Estado.
La resolución que proclama la república catalana recoge íntegramente en su preámbulo el documento que firmaron los diputados de JxSí y la CUP el pasado 10 de octubre. En el texto se anuncia la voluntad de «abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, dirigidos a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes», así como la intención de «poner en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la UE» el nacimiento de la república catalana.
La otra resolución propone la apertura de un proceso constituyente que «acabe con la redacción y aprobación de la constitución de la república» e insta al Govern a desplegar la ley de transitoriedad. El texto fija un plazo de 15 días para crear un «consejo asesor del proceso constituyente» y convocar elecciones constituyentes.
Los diputados de Ciudadanos (Cs), del Partido Socialista Catalán (PSC) y del Partido Popular de Cataluña (PPC) se han ausentado en el momento de la votación. Una votación que ha sido secreta -así los independentistas creen que pueden sortear la acción de la Justicia contra ellos- y que ha acabado con 70 votos a favor, 10 noes y 2 abstenciones. Los diputados de Catalunya Sí Que es Pot sí han participado en la votación y siete de ellos han mostrado a las cámaras el ‘no’ de su papeleta antes de entregarlo al oficial que introducía los votos en la urna.
