El PP recurre ante el TC los RDL de igualdad de trato y de alquiler
El diputado popular José Ignacio Echániz durante las votaciones en la Diputación Permanente
Por carecer «de la extraordinaria y urgente necesidad» que exige la Constitución y por incurrir, incluso, «en afirmaciones parciales, incompletas o incluso falsas»
El Partido Popular ha recurrido hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) los Reales Decretos-Ley de igualdad de trato entre mujeres y hombres y de vivienda y alquiler aprobados ayer por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
El grupo presidido por Pablo Casado considera que carecen «de la extraordinaria y urgente necesidad» que exige el artículo 86 de la Constitución. Advierte además que «la urgencia real no se puede identificar con la urgencia política electoralista» como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.
En el recurso del Real Decreto-Ley sobre igualdad de trato, el PP no niega que sea bueno legislar para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres. «No quiere decirse que la desigualdad entre hombres y mujeres en España no exista o que no se deban seguir aprobando medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, pero en este caso no se ha justificado la extraordinaria y urgente necesidad». Además, «en la motivación del Real Decreto-Ley no se aborda la realidad existente, incurriendo incluso en imprecisiones y falsedades».
Concretamente, señala que las afirmaciones de la exposición de motivos de dicho Real Decreto-Ley «o son genéricas y no se basan en datos, o son directamente falsas, como decir que la brecha salarial no se ha reducido en los últimos años».
«Si tomamos datos de Eurostat podemos mostrar el acusado descenso de la brecha salarial (diferencia de salarios hombre-mujer) en España y cómo se sitúa en 2016 en 15,1% en España, mientras que en Europa en esa misma fecha la media es de 16,3%. Por tanto, nos encontramos por debajo de la media europea y con una evolución positiva a la que aludiremos también con posterioridad», explica el recurso presentado por el PP, que remarca que la reducción de la brecha salarial se debe a las políticas de empleo puestas en marcha por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
También se destaca, en contra de los argumentos del Gobierno para motivar el Real Decreto-Ley aprobado el 1 de marzo, que en el momento de disolución de las Cortes, el 5 de marzo se encontraban en tramitación, con la misma temática, 10 Proposiciones de Ley, sin que se produzca mención alguna por parte del Ejecutivo a estas tramitaciones y por qué es necesario sustituirlas por la vía de urgencia con un Real Decreto-Ley.
Por otra parte, los Reales Decretos-Ley tienen que tener disposiciones que modifiquen de manera instantánea la situación jurídica existente. Sin embargo, esto no es así en el Real Decreto-Ley de igualdad de trato porque introduce una nueva disposición transitoria décima segunda en la que se explicita la «aplicación paulatina» de los artículos 45 y 46 de la norma. También sucede una moratoria en la aplicación del artículo 2 del Real Decreto-Ley.
En el caso del RDL de vivienda y alquiler, los populares denuncian en su recurso que el Gobierno, en la exposición de motivos, pretende aportar unas cifras que supuestamente justifican la situación de extraordinaria y urgente necesidad de la norma. Sin embargo, «la mera cita de porcentajes descontextualizados y la realización categórica de afirmaciones sin base estadística no puede esgrimirse como fundamento del presupuesto habilitante, pues las razones o motivos han de ser reales».
Explica además el PP, con datos de fuentes oficiales y públicas, que las afirmaciones de la exposición de motivos aportadas por el Gobierno como justificación de una extraordinaria y urgente necesidad de la norma son «o bien falsas» (caso de la afirmación de la intensa subida de precios en varias provincias), «o parciales e incompletas que conducen a error y no muestran la realidad completa e inexistente» (caso del número de lanzamientos de arrendatarios o de la tasa de esfuerzo de la persona o familia en alquiler).
Por tanto «ha de concluirse que la exposición de motivos ha usado fórmulas huecas y vacías, cuando no enteramente falsas, que no sostienen la concurrencia de la urgente necesidad».
«Sorprende, que habiendo sido aprobado el Real Decreto-Ley el 1 de marzo, el ministro José Luis Ábalos aludiera ayer en el Congreso a la necesaria urgencia del Real Decreto-Ley con datos conocidos un día antes de la celebración de la Diputación Permanente, que no se sabían cuando el Gobierno aprobó la norma», añaden.
Finalmente, el recurso popular resalta que el RDL sobre vivienda no respeta diversas exigencias constitucionales, como la de hacer una presentación explícita y razonada; tener disposiciones que modifiquen de manera instantánea la situación jurídica existente o tener una necesaria conexión entre la situación de urgencia extraordinaria, justificada y definida por el Gobierno, y la medida concreta que este adopta para solventar la misma.
