El plan de reindustrialización es caro y malo según la AIReF
Entre 2008 y 2016 el coste es del orden de los 1.000 millones de euros (unos 210.000 euros por préstamo)
Y no mejora la competitividad empresarial
Afirma que se gestiona con procedimientos poco eficientes y que depende mucho de intermediarios
Cada año se gastan en España 14.000 millones de euros en subvenciones sin control
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó el miércoles un informe que deja a los pies de los caballos el Programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial (RCI), que «no mejora la competitividad empresarial».
Después de analizar información sobre 11.200 solicitudes realizadas entre 2008 y 2016 y encuestado a 480 empresas beneficiarias del programa el organismo presidido por José Luis Escrivá confirma que desde 2008 hasta 2016 se otorgaron cerca de 4.900 millones de euros en préstamos, de los que a finales de 2017 había un saldo vivo de aproximadamente 3.300 millones.
El programa de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva consiste en conceder préstamos para desarrollar proyectos industriales de manera directa por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pero, dice la AIReF, no mejora la competitividad empresarial. «Su impacto en inversión y empleo es modesto y desaparece a los cinco años. Tiene un coste financiero y de morosidad muy elevado, el coste público de cada puesto de trabajo es casi cinco veces mayor que el subsidio por desempleo máximo, y por cada euro invertido, la Administración tiene un coste de 55 céntimos de euro».
La AIReF también constata que el programa tiene una alta dependencia de intermediarios en el proceso de solicitud y concentración en empresas ya beneficiarias. Concretamente, menos de un tercio de las empresas participantes ha tenido conocimiento del programa a través de un medio público y el porcentaje de repetición está cerca del 45% desde el año 2011.
Además, el programa no se concentra en las necesidades reales del sector ni con objetivos cuantificables, ya que no está claro cuál es el objetivo prioritario por alcanzar. Por otra parte, entre 2008 y 2016 el RCI ha sufrido grandes cambios procedimentales, lo que dificulta su evaluación y la consecución de resultados.
Y como no hay modelos similares a nivel internacional el modelo español es incomparable. «La gestión directa de los préstamos desde la propia administración pública, sin intermediarios financieros, sin colaboración público-privada y con un enfoque generalista no coincide con ninguna otra iniciativa analizada en países de nuestro entorno», indica la AIReF, que detecta que el programa se gestiona con procedimientos poco eficientes derivados de la aplicación de la Ley General de Subvenciones (LGS). Según la institución, los procesos de publicación y solicitud son complejos, la evaluación es poco flexible, el proceso de justificación (aunque ha mejorado) es lento y el seguimiento está descoordinado.
Las críticas «constructivas» del organismo independiente no han sentado bien en el seno del actual Ministerio de Industria dirigido en funciones por Reyes Maroto. En una nota de prensa enviada dese su departamento cuestiona que se hayan evaluado dos ciclos financieros y económicos distintos en el que «predomina el período de crisis, lo que condiciona los resultados».
Para defender el programa «REINDUS» Industria alega que incorporó cambios en el programa para 2018, lo que ha permitido recibir solicitudes por un valor total 3,5 veces mayor del presupuesto contemplado en la convocatoria, resultando adjudicados el 100% de los fondos.
La AIReF propone no seguir desarrollando el programa como se ha hecho hasta ahora. Insiste en que lo mejor es «reevaluar las necesidades y aspectos a mejorar en el tejido industrial, redefinir los objetivos a medio plazo, cuantificar los objetivos y el plazo de consecución y adecuar su alcance a los objetivos de futuro de la política industrial».
Pero el equipo de Maroto sostiene que las conclusiones del organismo independiente sobre el alto coste financiero no se ajustan a la realidad porque «desde 2013 en adelante no existe coste financiero sino ingreso financiero neto (consecuencia de que, a partir de entonces, se incrementó el tipo de interés al tipo de mercado)».
La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, no parece contenta con el informe de la AIReF (Foto: JM Cuadrado)
«Al realizar un análisis coste-beneficio del programa sin poder avanzar más allá de 2013, ya que no tiene datos sobre la ejecución final de las inversiones comprometidas, AIReF establece sus conclusiones como si la condiciones estuvieran vigentes a día de hoy, realizando una incomprensible extrapolación desde el punto de vista científico, aun reconociendo las importantes modificaciones del programa en 2014, 2015 y 2018 en lo relativo a los criterios de evaluación y de impacto. Así pues, pareciera que las conclusiones del informe resultasen útiles, como así ocurre para el periodo comprendido hasta 2012, representando solo la mitad de las convocatorias objeto de análisis», mantienen desde Industria.
El gabinete de Maroto mantiene su compromiso con la inversión pública en el sector industrial «tal y como se establece en el Documento de Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, aprobado por el Gobierno». El objetivo es «lograr la reindustrialización de la economía y el desarrollo y potenciación de los distintos sectores industriales a fin de aumentar su participación en el PIB y el empleo».
En línea con lo marcado por la Comisión Europea, el Ejecutivo -en funciones- quiere alcanzar un porcentaje del 20% del PIB industrial en España. Y para ello seguirá usando «REINDUS» como «única herramienta de política industrial», a pesar de que la AIReF plantea «un nuevo diseño estratégico del programa que contemple, entre otras medidas, crear un fondo de capital acumulativo con dotación presupuestaria durante un número concreto de anualidades, desarrollar un modelo de garantías que apalanque fondos del sector privado, complementar la oferta de apoyo de otros organismos a través de préstamos espejo o compartir riesgos con el sector bancario, es decir, financiar un porcentaje siempre que haya financiación bancaria equivalente».
Por otro lado, plantea alternativas al modelo de gestión como traspasar el presupuesto del programa a un intermediario financiero público fuera de la Ley General de Subvenciones, intermediar la ejecución del apoyo financiero a través del sector privado, unificar la gestión de instrumentos financieros en una unidad global o crear un foro de coordinación de entes concedentes de préstamos públicos de la Administración General del Estado sobre oferta de instrumentos de apoyo.
Algo que se rechaza en el comunicado de Industria «contra» el informe de la Autoridad Independiente: «La Administración Pública no debe competir con el sector bancario para desarrollar su política industrial porque su objeto único el interés general».
«Resulta imposible comparar los resultados de una financiación -la privada- y otra -la pública- porque, remata, «la financiación de la industria tiene características especiales al resto de sectores como son la intensividad en capital o en inversiones, así como los largos periodos de recuperación. Además, aunque la financiación a corto plazo está adecuadamente cubierta por el sector financiero, la financiación de largo plazo y estratégica tiene mayores problemas, especialmente para las PYMES».
Y entre tanto, en empleo en la Industria ha caído siete puntos desde 2008…
