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El IMV no ha llegado ni a la mitad de posibles beneficiarios

Análisis AIReF sobre IMV

Amplíe la imagen si quiere ver cuáles son las conclusiones de la AIReF sobre el IMV

La AIReF publica su primera opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha en mayo de 2022

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publica hoy su primera opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la que ha llegado tras analizar hasta qué punto su diseño es el adecuado y en qué medida ha conseguido sus objetivos desde su puesta en marcha en mayo de 2020 y hasta diciembre de 2021.

A 31 de diciembre de 2021 el IMV ha llegado a 284.000 hogares (el 40% de su potencial) con un coste de 1.600 millones de euros anuales, el 56% de lo presupuestado. Esos 284.000 hogares que recibían el IMV a diciembre de 2021 son un 22% de los hogares en riesgo de pobreza, que en España se calcula entorno a 1.300.000.

Sin embargo, la AIReF constata que este mecanismo de ‘exclusión de la pobreza’ podría cubrir a 700.000 hogares si estuviera plenamente implementado. En ese caso, cuando funcionase a pleno rendimiento, tendría un coste anual de 2.800 millones de euros (830.000 hogares y 3.200 millones de euros incluyendo País Vasco y Navarra).

El organismo fiscalizador ha descubierto que hay 400.000 hogares que podrían percibir el IMV y no lo han solicitado, un fenómeno conocido como non take-up.

Aún así, el número de solicitudes registradas hasta el 31 de diciembre ha superado los 1,5 millones, pero el 73% se denegaron por criterios de renta, patrimonio o unidad de convivencia.

Por último, la AIReF alerta de que hay que tener en cuenta que los beneficiarios del IMV podrían estar antes cubiertos por los programas de rentas mínimas de las Comunidades Autónomas. El solapamiento entre rentas mínimas e IMV supone una liberación de recursos para las CCAA que puede llegar a ascender a 1.680 millones de eruos.

La AIReF concluye que el IMV ha desplegado solo una parte de su potencial, pero tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza. Para ello el órgano presidido por Cristina Herrero propone concretar objetivos cuantificables y medibles para poder evaluar su cumplimiento y realizar un análisis detallado de los expedientes rechazados.

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