El GRECO lamenta la reforma del CGPJ de marzo de 2021
La actual ministra de Justicia, Pilar Llop (Foto: Moncloa)
Por la que el Gobierno prohibe al órgano de gobierno de los jueces españoles nombrar sustitutos estando en funciones
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) lamenta la reforma con la que el Gobierno PSOE-Podemos dejó en marzo de 2021 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin poder renovar los órganos judiciales.
En el informe de seguimiento sobre el progreso de España en la prevención de la corrupción publicado hace unos días, el GRECO ve ‘muy preocupante’ que, ‘tras la reforma de marzo de 2021 con la que se reformó el régimen interno del órgano de gobierno de los jueces (Ley Orgánica 4/2021), el Consejo en funciones no puede proceder a la designación de altos cargos judiciales’.
El GRECO recomendó en su día que se establecieran criterios objetivos de evaluación para nombrar a los altos cargos del poder judicial, es decir, los presidentes de las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia, los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, a fin de garantizar que no se pone en duda la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso.
El organismo también recomendó ‘evaluar’ el marco legislativo por el que se rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus efectos sobre la independencia real de este órgano frente a cualquier influencia indebida. Tras un primer informe en el que constató que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no había hecho nada para respetar la independencia de los jueves, reiteró ‘la necesidad de eliminar la selección del turno judicial de los políticos’.
Tras romperse a finales de octubre las negociaciones para renovar el CGPJ entre socialistas y populares, el GRECO advierte que ‘para la selección de los jueces las normas establecen que deben ser elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la más amplia representación del poder judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el ejecutivo, no participen en ninguna etapa del proceso de selección’.
