El Gobierno unta con 1.459 millones a la Generalitat
El vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés
El Ministerio de Hacienda y el Govern firman un acuerdo para saldar «la deuda pendiente» del Estado con Cataluña
Los catalanes no garantizan el apoyo a los Presupuestos Generales de 2019
El Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la Generalitat alcanzaron ayer un principio de acuerdo por el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se compromete a saldar 1.459 millones «de los 7.600 millones de deuda que el Estado tiene pendientes con Cataluña» en cuatro años (2019, 2020, 2021 y 2022).
Así lo anunció el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, en una rueda de prensa en la Delegación de la Generalitat al término de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Cataluña.
700 millones serán para «compensar» a la Generalitat el dinero que ha tenido que adelantar para atender la «infrafinanciación» de los Mossos; y 759 millones para dar cumplimiento a la Disposición Adicional tercera del Estatuto del año 2008. Los Presupuestos Generales del Estado para el 2019 deberán incluir los primeros 350 millones de euros, 200 para las infraestructuras pendientes y 150 para la policía autonómica.
A las explicaciones de Aragonés le siguieron las de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en una rueda de prensa desde la sede del ministerio explicó que los acuerdos adoptados son una forma de atender «situaciones singulares» que afectan a Cataluña y que debería haber tomado el Gobierno anterior.
Montero alegó que el acuerdo trata de cumplir la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de noviembre de 2017 relativa a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. También sigue el acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat el 19 de julio de 2011, que cifró en 759 millones el déficit inversor en infraestructuras en Cataluña correspondiente a 2008.
Si Pedro Sánchez logra aprobar los Presupuestos de 2019 –la ministra de Hacienda asegura que se presentarán a finales de noviembre o principios de diciembre– ya incluirán 200 de estos millones. El resto irá en los tres ejercicios siguientes.
Paralelamente, el Gobierno ayudará a refinanciar la deuda que tiene Cataluña con el Estado, que ronda los 50.000 millones de euros y que alcanza al 67% de su pasivo. Para ello autorizará operaciones de crédito a corto plazo de carácter estructural por importe de 2.773 millones de euros, lo que se traducirá en el saneamiento de toda la deuda a corto plazo que pesa sobre la Generalitat y que le impide acudir a los mercados a financieros por sí misma.
Desde el ministerio de Montero se señala que la posibilidad de refinanciar la deuda estructural a corto plazo se adoptó en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) el pasado mes de julio, cuando se acordó mejorar la situación financiera del conjunto de las comunidades autónomas.
El acuerdo de ayer entre Gobierno y Generalitat establece que, en el plazo de un mes, el Consejo de Ministros autorizará la Generalidad a refinanciar esos 2.773 millones de euros de deuda de la Generalitat, que son préstamos que pasarán de corto a largo plazo.
El vicepresidente catalán, Pere Aragonés, calificó este punto de «muy relevante, ya que «nos facilita mucho la negociación con los acreedores, los bancos y los fondos de inversión, y disminuye el riesgo que puede haber en la gestión de la deuda».
Aragonés detalló la «deuda» que el Estado tiene pendientes de abonar a la administración catalana: 583 millones corresponden a la financiación de los Mossos en el periodo 2010-2017 (a los que hay que añadir 105 millones a partir del 2018); 759 millones por el incumplimiento de inversiones vinculadas a la Disposición Adicional 3ª del Estatuto de Cataluña (importe reconocido para el año 2008 en la comisión bilateral Generalitat-Estado celebrada en julio de 2011); 2.951 millones por el incumplimiento de las inversiones vinculadas a la Disposición Adicional entre 2009 y 2013; 2,9 millones por los nuevos órganos judiciales activados durante 2017; 2.871 millones por infradotación de la Ley de Dependencia desde el año 2008; 412 millones por el impacto del cambio en la gestión del IVA correspondiente al ejercicio 2017; y 28 millones correspondientes al Fondo de cohesión sanitaria y FEOGA.
El pasado mes de abril Moody’s subió la nota a 15 regiones pero mantuvo la catalana en bono basura
En julio, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, abogó por una quita de la deuda a Cataluña
