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El Gobierno revisará el delito de injurias contra la Corona

Arancha González Laya

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, en una imagen de enero (Foto: Moncloa)

España también se compromete ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a abrir un ‘espacio de encuentro y diálogo’ con Cataluña

España aceptó ayer 252 de las 275 recomendaciones recibidas el pasado 22 de enero tras el Examen Periódico Universal al que fue sometida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que evalúa cada cinco años los progresos en materia de garantías fundamentales de cada uno de sus 193 Estados miembros.

En el aparatado relacionado con los derechos civiles y políticos, el Gobierno aceptó la recomendación de Bélgica que pedía ‘garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal para que los delitos tipificados en él se ajusten a las definiciones reconocidas internacionalmente’, y señaló que emprenderá ‘una revisión de los delitos de injurias a la Corona y delitos contra sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal’. Una verificación que justamente solicitaba Canadá contra estos dos delitos en otra de las recomendaciones.

El Gobierno también respondió afirmativamente a la solicitud de Ghana que solicitaba ‘garantizar el respeto de los derechos a la libertad de expresión y de asociación’, e indicó que ésta ‘se refuerza si el Estado renuncia a regularla’, y que el delito ‘de injurias a las instituciones del Estado está restringiéndose por los tribunales’.

Ante la recomendación de Venezuela de iniciar un diálogo constructivo entre el nuevo Gobierno y el pueblo catalán y sus instituciones, el ejecutivo aceptó este apartado al indicar que el pasado mes de febrero se creó un ‘espacio de encuentro y diálogo’ con Cataluña mediante ‘la Mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre los Gobiernos estatal y autonómico y la Comisión Bilateral de Cooperación Generalitat-Estado’, que busca encontrar soluciones ‘en el marco de la Constitución y de la ley’.

En materia de detención y política penitenciaria, España solo aceptó parcialmente la recomendación de Luxemburgo de derogar la prisión incomunicada y prohibir la reclusión en régimen de aislamiento que se prolongue más de 15 días.

El Ejecutivo socialcomunista PSOE-Unidas Podemos ‘no considera conveniente ni necesaria la derogación o revisión de la denominada prisión incomunicada’ ya que, tras la aprobación de la ley orgánica 13/2015, este tipo de detención no comporta ‘el aislamiento total del detenido’, ya que tiene derecho ‘a comunicarse con el juez, el Fiscal y el médico forense’.

Además, como señaló el emisario del Ejecutivo, esta situación de incomunicación ‘precisa siempre una decisión judicial, y solo se adopta cautelarmente con el objetivo de proteger la integridad de las víctimas o testigos de los hechos delictivos y para evitar una grave afectación a la investigación criminal.

Entre las medidas destinadas a combatir la impunidad y dar acceso inmediato a medios de reparación y protección a las mujeres y las niñas víctimas de violencia -una propuesta de Polonia- el Gobierno explicó que trabaja ‘en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que prevé una mejor definición de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal, así como garantías procesales adicionales de protección y apoyo a las víctimas’.

En relación a los inmigrantes y refugiados España ha aceptado parcialmente la propuesta de Afganistán que recomienda ‘considerar la posibilidad de eliminar todas las formas de detención de los inmigrantes y los solicitantes de asilo y de crear un alojamiento temporal abierto y dotado de suficientes recursos para la acogida humanitaria de los solicitantes de asilo mientras tramitan sus solicitudes’.

El Gobierno asintió en la parte relativa a los solicitantes de asilo y explicó que sus Centros de estancia temporal de inmigrantes de las ciudades de Ceuta y Melilla son espacios ideados como ‘dispositivos de permanencia provisional de los extranjeros en tanto su situación administrativa es evaluada de cara a su derivación más adecuada’ y que no son centros de detención ya que sus ocupantes tienen libertad de movimiento.

Con relación a los Centro de Internamiento de Extranjeros para los inmigrantes irregulares (CIEs), el ejecutivo explicó que ‘son centros públicos administrativos de privación de libertad, pero no instituciones de carácter penitenciario’, y que el internamiento se produce únicamente cuando ‘existe una perspectiva’ de que el inmigrante ‘va a ser retornado’.

Respecto a la memoria histórica las autoridades españolas han aceptado la recomendación de Francia y Suiza que busca asegurar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El ejecutivo español manifestó estar trabajando en una iniciativa legislativa que sirva ‘para mejorar y asegurar la ejecución’ de esa Ley.

En total, el Gobierno aceptó 252 de las recomendaciones presentadas por los 110 Estados -el 91%-, tomó nota de otras diez sugerencias y aceptó parcialmente otras trece. Entre las múltiples recomendaciones también se incluyeron apartados dedicados a la salud, la educación, el empleo, la vivienda, el medio ambiente, las personas mayores y los retos demográficos.

El Examen Periódico Universal se realiza cada año a 42 Estados, que reciben un promedio de 180 recomendaciones cada uno. España ha recibido esta vez nada más y nada menos que 275…

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