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El Gobierno rectifica y asumirá la defensa de Llarena en Bélgica

Moncloa

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, junto a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el presidente, Pedro Sánchez, esta sábado en Quintos de Mora (Foto: Fernando Calvo)

Asegura que inició hace días los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa abierta por el «procés»

El Gobierno de España defenderá la soberanía jurisdiccional española y al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ante la Justicia belga.

​Es lo que asegura el Ejecutivo en un comunicado emitido este domingo después de que las asociaciones de jueces y fiscales criticasen al Gobierno por dejar «vendido» al magistrado que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo por el «procés» independentista.

Tres días después de que Ejecutivo hiciese pública su decisión de «contratar un bufete privado para defender la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa penal abierta por ‘el procès'», pero que en ningún caso iba a «asumir la defensa del juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por los actos que le atribuyen los golpistas en la demanda que presentaron contra él en un juzgado belga» la ministra de Justicia de Pedro Sánchez ha rectificado.

Dice el comunicado que el departamento de Dolores Delgado «ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial hasta este momento, defendiendo los intereses de España en base a criterios jurídicos del ordenamiento interno, así como del derecho europeo, y garantiza que atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española, que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente».

Pero que esto no es así lo demuestra el manifiesto firmado por la mayoría de las asociaciones de jueces, que el viernes acusaron al Ejecutivo de «dejación de funciones en la defensa del Estado y de desconocimiento absoluto de los trámites procesales» por no asumir la defensa del instructor del Supremo. 

Tras las manifestaciones de la mayoría de los miembros de la magistratura, el Ministerio de Justicia espera culminar en breve los trámites para contratar un despacho de abogados en Bélgica «en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo».

En este sentido, «atenderá las peticiones de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española, que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial, de acuerdo con la legislación vigente». Llarena solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, decidió atender su petición y reclamó al Gobierno que adoptase «las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».

Ahora parece que el Gobierno ha decidido defender ante las Justicia belga al magistrado que instruye la causa abierta por los delitos de rebelión y malversación contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers del Govern Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig.

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