El Gobierno levanta la supervisión financiera de la Generalitat
La ministra y portavoz del Gobierno, María Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno (Foto: Moncloa/ JM. Cuadrado)
Es la primera muestra del Gobierno de Pedro Sánchez de su capacidad de diálogo con el Govern de Cataluña
Ciudadanos pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar su plan de Gobierno
Los bancos podrán atender las órdenes de pago del Gobierno catalán sin necesidad de pasar por la supervisión del Ministerio de Hacienda.
Es la primera medida que ha tomado el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez como muestra de dialogo y «normalización política» con el Govern independentista de Quim Torra.
Hay que recordar que fue en noviembre de 2015 cuando el anterior Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), decidió adoptar medidas «adicionales» para garantizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña.
Más tarde, en septiembre de 2017, el Ministerio de Hacienda decidió intervenir las cuentas de la Generalitat. Una decisión que fue recurrida por el gobienro autonómico catalán y que el Tribunal Supremo avaló.
En su primera comparecencia como portavoz del nuevo Ejecutivo, la también ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, ha destacado que Sánchez iniciará una ronda de reuniones con todos los presidentes autonómicos y con los agentes sociales.
Celaá ha manifestado que uno de los grandes objetivos del Ejecutivo es «normalizar institucionalmente el país y por ello hay que abrirse al diálogo». «Así que, con la Constitución en una mano y con el diálogo en la otra, es preciso abordar los asuntos que tenemos pendientes», ha señalado.
Como parte de esa tarea, el Consejo de Ministros ha abordado hoy la culminación de la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ha decidido dar instrucciones a los bancos para que el Gobierno autonómico pueda abordar los pagos que le corresponden, «conforme a la ley y de acuerdo a sus competencias», sin tener que pasar por la supervisión de Hacienda.
El Ejecutivo «levanta la supervisión como gesto de normalización política y, además, en la confianza de que funcionará bien», ha dicho Celaá, que ha aclarado que eso no significa que el Gobierno no vaya a estar informado del destino de las partidas de la Generalitat.
Desde la toma de posesión del nuevo Gobierno de Cataluña, el Ministerio de Hacienda ha ido desactivando progresivamente los mecanismos que hicieron operativo en el ámbito financiero la aplicación del artículo 155. El último de estos procedimientos consistía en la comunicación a las entidades financieras, previo informe de la Abogacía del Estado, de la eliminación del control ex ante sobre los pagos ordenados por la Generalitat de Cataluña. Es decir, la eliminación del visto bueno previo a la formalización del pago que estaba realizando el Ministerio de Hacienda desde la aplicación de este artículo de la Constitución. Ello conlleva el restablecimiento de la normalidad en los pagos de la Generalitat de Cataluña.
La decisión del Gobierno socialista coincide con el anuncio de la Generalitat de transferir 20,4 millones de euros a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales(TV3) «para hacer frente a sus obligaciones laborales, comerciales y tributarias ante una fuerte reducción de ingresos en publicidad y una mala previsión de sus obligaciones respecto al Impuesto de Valor Añadido».
La medida ha sido muy criticada por la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular y diputada en el Parlament de Cataluña, Andrea Levy, quien ha pedido al presidente catalán, Joaquim Torra, que deje de financiar con dinero público, a través de partidas presupuestarias añadidas a las ya establecidas por los propios presupuestos, su maquinaria propagandística de medios de comunicación.
Al respecto, Levy ha preguntado a Torra a qué partida presupuestaria se asignarán los 20,4 millones de euros, qué impacto tendrá sobre el déficit público previsto para este ejercicio y si el Govern considera que con dicha transferencia consolidará sus cuentas públicas definitivamente.
Arrimadas no irá a la Generalitat hasta que no retiren el lazo amarillo de la fachada
En relación a este asunto la líder de la Oposición en Cataluña y portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha reprochado a Pedro Sánchez que su primera medida, frente a la reiterada vulneración de derechos del Govern de Torra, sea darle vía libre para que se gaste el dinero de todos los catalanes en su plan ilegal».
Arrimadas ha añadido que «mientras el Govern aumenta el presupuesto de TV3 en 20 millones y activa las embajadas para hacer propaganda independentista, Sánchez le premia dejando sin control sus finanzas». Por eso, ha anunciado, Cs pedirá la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados para «que explique su plan de Gobierno y cómo piensa defender los derechos de todos los catalanes».
Inés Arrimadas ha instado a Sánchez a llegar a un acuerdo con todos los partidos constitucionalistas para «proteger los derechos de todos los catalanes» ante un Govern que «excluye a miles de ciudadanos poniendo símbolos partidistas en edificios públicos» -en la fachada del edifico de la Generalitat han colocado un gran lazo amarillo en apoyo a los que ellos denominan ‘presos políticos’- y ante un president que «amenaza con seguir con su plan ilegal».
Por estos motivos Arrimadas ha rechazado asistir hoy a la reunión prevista con Quim Torra en el Palau de la Generalitat: «Si quiere hablar con el partido del diálogo y que ha ganado las elecciones en Cataluña, que rectifique y abandone la confrontación».
En una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, la líder de la Oposición en el Parlament ha asegurado que ya sabe «a cambio de qué los partidos nacionalistas apoyaron la moción de censura». En este sentido, ha defendido que desde Cs no pueden «cambiar la corrupción del PP por un PSOE que deja hacer a los nacionalistas lo que quieren y al margen de la ley». «Queremos que los españoles decidan en las urnas el próximo Gobierno de España», ha añadido tras recordarle al presidente del Gobierno que «cuando hable con Torra no hablará con Cataluña sino con el separatismo».
Por otra parte, en relación al boicot a una conferencia sobre Miguel de Cervantes en la Universidad de Barcelona (UB) organizada por Societat Civil Catalana (SCC), la líder de Cs ha anunciado que ha solicitado la «comparecencia urgente» del rector de la universidad y presentado preguntas al Govern sobre las medidas de seguridad establecidas para garantizar los derechos de los asistentes. Ante esta situación, Arrimadas ha lamentado que «el separatismo reventó ayer de manera violenta e injustificada ese acto intentando evitar que se celebre un homenaje a una figura universal y reconocida mundialmente».
Poco después de iniciar el evento el rectorado de la universidad obligó a SCC a desalojar la sala donde se ofrecía la conferencia debido a que «no podía garantizar la seguridad de los presentes». La dirección de Societat Civil Catalana reclamó la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra para que el acto se pudiera desarrollar con normalidad. Sin embargo, el rectorado no accedió a la petición para -argumentó- «no pasar la línea roja de autorizar la entrada de los mossos». Así que para asegurar la integridad de los asistentes al homenaje a Cervantes no hubo más remedio que cancelar el acto.
La actual ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, votó a favor del derecho a decidir de los catalanes
