El Gobierno de Pedro Sánchez asume la dialéctica golpista

La foto de Fernando Calvo en la «cumbre bilateral» celebrada ayer en Pedralbes

Moncloa emite un comunicado tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, en Pedralbes

El Congreso de los Diputados aprueba, con los votos de los partidos independentistas, los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2019-2021

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha asumido la dialéctica usada por los golpistas catalanes.

Así se demuestra en el comunicado emitido por Moncloa tras la reunión celebrada ayer entre Sánchez y Quim Torra en Pedralbes.

A la «cumbre bilateral» entre Sánchez y el presidente catalán acudieron también la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, por parte del Gobierno de España, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi.

En el comunicado, Moncloa «coincide en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña». Y para solucionarlo y «a pesar de que mantienen diferencias notables sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución», comparte, «por encima de todo, su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana».

«Por ello, y con el objetivo de garantizar una solución, deben seguir potenciándose los espacios de diálogo que permitan atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica», continúa el comunicado.

Para terminar, el Gobierno de España apuesta por «la vía del diálogo» algo para lo que es consciente se «requerirá del esfuerzo de todas las instituciones, de los actores políticos y de la ciudadanía. Ambos gobiernos se comprometen a trabajar para hacerlo posible».

Tras el encuentro, Torra explicó que ha propuesto a Sánchez «un pacto de estado basado en el derecho a la autodeterminación, el rechazo a la represión política y la Cataluña republicana». Torra instó a Pedro Sánchez a «seguir avanzando en las negociaciones» para resolver el «conflicto político entre Cataluña y España».

Casualmente, la «minicumbre» en el Palacio de Pedralbes y el comunicado emitido desde Moncloa se produjo después de que en el Congreso de los Diputados el Gobierno lograse aprobar, con los votos de los partidos independentistas, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2019-2021.

Era la segunda vez que el Congreso votaba los objetivos de estabilidad, ya que la Cámara los rechazó el pasado 27 de julio, precisamente por no contar con los votos de los diputados de Esquerra Republicana y del PDeCat, que se abstuvieron. Ayer se aprobaron con 176 votos a favor y 168 en contra.

Este paso básico para tramitar los Presupuestos Generales de 2019 y al que Pedro Sánchez fía su permanencia en La Moncloa hasta el final de la actual Legislatura (2020), será inútil ante la mayoría absoluta que el Partido Popular (PP) tiene en la Cámara Alta.

La «claudicación» de Sánchez ante Torra escenificada ayer en el Palacio de Pedralbes deja fuera de juego y totalmente desprotegida a gran parte de la sociedad catalana que no comparte las tesis independentistas.

Esa otra parte de la sociedad catalana, la «constitucionalista», emitió ayer un comunicado denunciando «la situación social de extrema gravedad que se vive en Cataluña».

Alternativa Ciudadana Progresista (ACP), la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la Asociación por la Tolerancia, la Asamblea Nacional Española (ANE), España i Catalans, Impulso Ciudadano, Cataluña Pueblo de España, S’ha Acabat! (S’!), Aixeca’t-Levántate, Societat Civil Catalana y Profesores por el Bilingüismo, denuncian «al actual Gobierno de la Generalidad por su actuación antidemocrática dirigida a crear una crisis institucional y social de graves consecuencias a través de falsedades, falacias, y manipulaciones; creando situaciones susceptibles de dobles interpretaciones cuidando siempre de urdir estratagemas encubridoras de iniciativas presuntamente delictivas».

Los «traicionados» por el gobierno socialista no se olvidan de señalar que «en su estrategia de incremento progresivo de la tensión», el Parlament ha declarado, con el apoyo de los grupos parlamentarios secesionistas, «que la actual Constitución Española es antidemocrática y antisocial».

Los no independentistas, que sufren la violencia callejera y social practicada por los separatistas, señalan que la Cámara catalana, a pesar de su «exigua mayoría», «pretende ocultar e ignorar que la Constitución Española fue aprobada en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 con el voto a favor del 90,5% de los votantes catalanes, con una  participación del 67,9% del censo electoral y sólo el 4,6% de voto en contra».

Y afirman que, a pesar del «relato» y la «imagen» que los medios de comunicación dirigidos por la administración catalana están proyectando, «en Cataluña no existe una mayoría social que desee la ruptura de la unidad nacional española». Por mucho que empeñe en ello los independentistas y, a partir de ahora, el Gobierno de España de Pedro Sánchez.

Sin embargo, los independentistas catalanes  defienden que en la sociedad catalana hay tres grandes consensos: «un 80% a favor del ejercicio del derecho de autodeterminación con un referéndum acordado y vinculante; un 80% en contra de la represión política; y un 80% para una Cataluña republicana, sin la monarquía española».

Y en este contexto y con esta división de la sociedad catalana, Sánchez y Torra acordaron ayer buscar una «propuesta política» que cuente con un «amplio apoyo» y se materialice «en el marco de la seguridad jurídica».

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet compareció ante los periodistas tras la «reunión bilateral» para poner el énfasis en la «seguridad jurídica». «No hay otra salida para afrontar el problema político que el respecto a la legalidad», subrayó, antes de decir que «el diálogo tendrá que producirse también entre las fuerzas políticas catalanas» y reiterar que una posible solución deberá estar «dentro de la Constitución y el Estatut».

Tras las ruedas de prensa, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, mostró su «indignación y preocupación» por la «humillante» imagen de ver al presidente del Gobierno «agasajando» a Torra con un protocolo «prácticamente de jefe de Estado». «No todo vale para seguir en el poder», enfatizó.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, censuró que Sánchez «claudique» y «asuma» las tesis separatistas al hablar de un conflicto entre Cataluña y España como «si fuera una guerra y dos estados». Rivera llamó a terminar con las «humillaciones» y convocar elecciones.