El Gobierno crea impuestos sobre la extracción de petróleo y el fracking

El ministro José Manuel Soria

Que revertirán en parte en las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y los dueños de los terrenos

También aprueba un reglamento para favorecer la «implantación progresiva» de vehículos eléctricos

El Consejo de Ministros aprobó ayer crear un nuevo impuesto para la explotación y producción de petróleo y gas. Las nuevas tasas irán dirigidas en parte a las comunidades autónomas, ayuntamientos y propietarios de los terrenos donde se lleven a cabo las extracciones de petróleo o gas.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, que, con el anteproyecto de ley que modifica la ley de Hidrocarburos, el Ejecutivo busca que «los beneficios económicos obtenidos de los yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad».

Aunque no se ha precisado aún qué porcentaje irá destinado a comunidades y ayuntamientos, el ministro señaló que se cambia la norma «para establecer tributos que graven el valor de la producción de hidrocarburos, sea petróleo, sea gas o sean las dos cosas, y que una parte de los recursos públicos así obtenidos reviertan directamente en las arcas de las comunidades autónomas y de las entidades locales que estén en el ámbito territorial» de las explotaciones.

El nuevo tributo podría estar entre el 7% y el 8% sobre el valor de la producción de hidrocarburos. Los propietarios de los subsuelos donde tenga lugar la explotación también tendrán un retorno del 1% del valor de la producción anual y se actualizará al alza el canon que abonan las compañías por la ocupación del suelo mientras realizan trabajos de exploración y producción.

Soria detalló que el hecho imponible del nuevo tributo será el valor de la producción que se extraiga que, si es en el mar, beneficiará a la comunidad autónoma más próxima al yacimiento. Además, se incrementa el canon de ocupación que ya pagan las empresas que tienen autorizaciones para llevar a cabo prospecciones y explotaciones.

Pero la reforma de la ley de Hidrocarburos no acaba aquí. Soria también quiere organizar el mercado del gas en España y que los precios sean más competitivos y transparentes. Para ello se ampliará el número de agentes que pueden inspeccionar las instalaciones en el caso del gas natural y el de distribuidores de butano y propano; y al aumentar la competencia disminuirá el fraude en el sector de los hidrocarburos y de los carburantes en las gasolineras.

Este es el razonamiento del Gobierno, que no convence ni al portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, que ayer advirtió de que «se equivocan los que creen que Canarias está en venta y que los tributos que podría «llevarse» Canarias sobre la extracción de hidrocarburos en su territorio, «son auténticas migajas comparado al gasto turístico anual en Canarias»; ni al propio presidente canario, Paulino Rivero, que insistió en la idea de que «si hubiera recursos, son de los canarios y serán los canarios los que decidirán sobre ello».

Tampoco convence el Gobierno al PSOE, que critica el modelo energético del PP. La secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad socialista, Pilar Lucio, aseguró este viernes que «el Gobierno ha vuelto a retratarse en su apuesta por un modelo energético basado en las prospecciones petrolíferas, el fracking y el aumento de la vida útil de las centrales nucleares” con la aprobación de una nueva fiscalidad para las compañías petrolíferas y de gas con las que los propietarios del terreno recibirán un porcentaje de los impuestos que graven la actividad.

Para la socialista, «esta apuesta de la derecha demuestra su desprecio más absoluto y un castigo sin precedentes a las energías renovables, al ahorro y a la eficiencia energética, que es la apuesta del PSOE y la más favorable para la supervivencia del planeta a medio y largo plazo».

Desde Lima, donde Lucio participaba en la Cumbre del Clima, la dirigente socialista exigió, en nombre del PSOE, una rectificación de la política energética y «el inicio de una transición consensuada y dialogada hacia un modelo basado en las energías renovables».

Quizás para solapar las críticas recibidas por su apuesta por la extracción de petróleo o el fracking «a la americana», o quizás porque hay sitio y espacio para todo, el Gobierno también aprobó ayer un reglamento para favorecer la «implantación progresiva» de vehículos eléctricos en el que se establecen las dotaciones mínimas con las que deben contar los edificios y los aparcamientos​ de nueva construcción y también las vías públicas.

A partir de que entre en vigor la nueva ley, en las viviendas unifamiliares tendrá que haber infraestructura para un punto de conexión; en los aparcamientos colectivos privados, una preinstalación con cargo al coste de la edificación, y en los aparcamientos colectivos públicos, un punto de recarga por cada 40 plazas. En las vías públicas, el número mínimo de puntos de suministro se establecerá de acuerdo a los planes de movilidad sostenible de ámbito municipal o supramunicipal​.

A modo de resumen, con la modificación de la Ley de Hidrocarburos se adoptan diversas medidas en los siguientes sectores:

– Medidas para fomentar la competencia en el sector del gas natural:

Se crea un mercado organizado de gas natural que permitirá obtener precios más competitivos y transparentes para los consumidores y facilitará la entrada de nuevos comercializadores, incrementando la competencia en el sector.

Se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones. Se fomenta así la competencia ya que actualmente sólo podían realizar las inspecciones los distribuidores.

Se fomenta la entrada de nuevos comercializadores mediante el reconocimiento mutuo de licencias para comercializar gas natural con terceros países que se establezca un acuerdo previo.

Se establecen medidas en relación a las existencias mínimas de seguridad que, sin menoscabar la seguridad de suministro, dotan a los comercializadores de una mayor flexibilidad y un menor coste, habilitando a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) a mantener las existencias estratégicas de gas natural.

– Medidas tributarias en materia de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos:

Se crea un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos de manera que las rentas económicas derivadas de los yacimientos de hidrocarburos reviertan también en el conjunto de la sociedad, contemplándose además dotaciones específicas para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales donde se ubique el yacimiento.

Se establece una compensación a los propietarios de los terrenos situados sobre el yacimiento, en función del valor de la producción anual.

Se modifican los cánones de superficie existentes, creándose además nuevos cánones por realizar sondeos y sísmicas.

– Medidas para incrementar la eficiencia y competencia en el sector de los productos petrolíferos y combatir el fraude:

Se impide que exista duplicidad en las instalaciones de distribución de propano y butano (GLP) por canalización y gas natural, lo que encarecería el precio que pagan los consumidores. Al mismo tiempo se fomenta la distribución por canalización en las zonas que aún no tienen acceso a gas natural, dando preferencia para suministrarlo posteriormente a las empresas que comiencen distribuyendo GLP por canalización.

Se obliga a los comercializadores de GLP a granel a suministrar a todos los consumidores que lo soliciten, siempre que se encuentren en su misma provincia de actuación.

Para poder ejercer la actividad de operador al por mayor de carburantes se exige depositar una garantía, que podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento o fraude.