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El Gobierno cambia el término imputado por el de investigado en la ley procesal

Moncloa

La vicepresidenta y el titular de Justicia durante la rueda de prensa en Moncloa

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, el Gobierno pretende con esta reforma agilizar las causas, en especial las relacionadas con la corrupción.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que las nuevas normas, una ley orgánica y una ordinaria, tienen tres objetivos: la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y de la seguridad jurídica, y la regeneración democrática y lucha contra la corrupción.

El ministro ha citado como principal novedad el establecimiento por primera vez de plazos máximos para la instrucción en el ámbito penal: «Las causas sencillas tendrán un plazo máximo de instrucción de 6 meses y las complejas un plazo máximo de 18 meses. Esos plazos podrán ser prorrogados cuando así lo considere el fiscal, el juez instructor, y la causa que lo justifique se acredite suficientemente».

Catalá también ha subrayado que se acortarán los tiempos de las causas que se instruyan porque «cada delito generará una causa y cada causa tendrá una sentencia». Se modifican, por tanto, las reglas de conexidad que conducen a la acumulación de procesos por distintos delitos (‘macrocausas’) y que generan instrucciones larguísimas y una percepción social de impunidad. «Se trata de que la respuesta penal sea más cercana a la comisión de los hechos», ha dicho.

Con el fin de agilizar la justicia, el ministro ha señalado que los atestados policiales sin autor conocido no se remitirán a los juzgados, sino que serán conservados por la Policía Judicial: «Quitamos del ámbito de los juzgados y tribunales muchos asuntos que no tienen tramitación judicial».

También se mejoran algunos aspectos, como la instrucción penal de los juicios rápidos penales que, según ha apuntado Catalá, «constituyen el 54% de los casos que se sentencian cada año».

Rafael Catalá ha explicado que en la actualidad el concepto de «imputado» se asocia con una presunta culpabilidad, por lo que la reforma propone su sustitución por el término «investigado».

«En la fase de instrucción se denominarán ‘investigados’ a las personas que participen en el proceso para identificar si existe alguna participación o alguna responsabilidad. En el caso de que se decrete la apertura de juicio oral se transformará la condición de ‘investigado’ en la de ‘encausado’, participante en la causa, y en última instancia en la de ‘condenado’ si es el caso», ha añadido.

Según el titular de Justicia, en la actualidad, el término «imputado» remite a una figura con un señalado carácter negativo a pesar de que, en realidad, el proceso aún no se ha dirigido formalmente contra él. La sustitución del término «imputado» por «investigado» durante la fase de instrucción y por «encausado» tras el auto formal de acusación aclarará el momento procesal exacto en el que nos encontramos y permitirá darle a cada uno de ellos el sentido real que tienen», argumenta Catalá.

Asimismo, el ministro ha informado de que, tal y como sucede en la actualidad, la regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase se requerirá autorización judicial. «La investigación temporal sin autorización judicial sólo podrá llevarse a cabo en materia de delitos de terrorismo», ha dicho.

Por otra parte, las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia y las de la Audiencia Nacional por una sala de apelación propia.

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que un aspecto muy importante de la reforma es, a su juicio, que «regula muy exhaustivamente y ágilmente la figura del decomiso y la capacidad para aprehender, investigar y recoger todos los bienes del condenado» para recuperar todo lo que se ha defraudado u obtenido como consecuencia de los delitos.

Moncloa

Catalá concreta los cambios en las leyes

En este sentido, el ministro de Justicia ha concretado que el nuevo marco procesal contempla que «se podrán incautar los bienes derivados no sólo de la comisión estricta de un delito sino del patrimonio conjunto del delincuente». También se mejorará la capacidad de investigación para levantar el velo de los testaferros, de las personas interpuestas y de sociedades fuera del territorio español.

Estas medidas se completarán con la futura creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos con la que el Estado podrá dedicar los bienes decomisados a «fines sociales o a la mejora de las capacidades de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad».

El primero en criticar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha dicho que el PP busca «blanquear sus vergüenzas» sustiuyendo el término imputado por el de investigado.

Según Lara «el Partido Popular quiere blanquear el nombre de imputados en plena campaña electoral en Andalucía y cuando el PP tiene imputados a cientos». «Al PP -ha dicho- lo que le interesa es blanquear sus vergüenzas con este cambio semántico que propone».

En una rueda de prensa en Málaga, el máximo responsable de IU ha aprovechado para reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que «comparezca en el Congreso para explicar las últimas novedades en relación con la trama de corrupción Gürtel que salpica directamente a cerca de 40 ex altos cargos y empresarios vinculados con el PP -entre ellos sus tres últimos tesoreros y su actual diputada y ex ministra de Sanidad, Ana Mato- y que se van a sentar en el banquillo tras la apertura de juicio oral decretada la semana pasada por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz».

El coordinador federal de IU también ha acusado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de «desobediencia» a Ruz al negar la Agencia Tributaria de forma reiterada las sucesivas peticiones de documentación que éste solicita sobre presuntos delitos cometidos por el PP.

Lara ha sostenido que ha sido el propio juez Ruz quien ya ha establecido en sus investigaciones que «ha habido caja B en el PP y que el ex tesorero y ex senador nombrado por Rajoy, Luis Bárcenas, ha revelado esta misma semana en una declaración como testigo en otra investigación que se sigue en Palma de Mallorca que la formación que sustenta al Gobierno se financió ilegalmente también en las elecciones europeas de 2004 con dinero entregado irregularmente por distintos empresarios».

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