El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Foto: J.M. Cuadrado)

Está dotado con 1.443 millones de euros e incluye ayudas para el acceso y la promoción de viviendas en alquiler y para la rehabilitación y la regeneración urbana y rural

Según el Gobierno atiende especialmente las necesidades de los jóvenes, las personas mayores y las familias más vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Según ha subrayado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante la rueda de prensa posterior al consejo ministerial, el plan está «orientado a favorecer, por un lado, el alquiler, y por otro, la rehabilitación y la regeneración urbana y rural».

Las aportaciones previstas para el Plan ascienden a 1.443 millones de euros, lo que representa un aumento del 62% respecto al Plan 2013-2016. De la Serna ha estimado en más de 557.000 las ayudas que se concederán hasta 2021 y en más de 60.000 puestos de trabajo los que se generarán de manera directa.

Facilitar el alquiler es una de las líneas estratégicas del Plan, que incluye ayudas del 40% de la renta -el 50% en el caso de los menores de 35 años y los mayores de 65-, hasta un máximo de 900 euros al mes. El límite anterior (600 euros) se ha incrementado ante la petición de algunas Comunidades Autónomas por el precio del alquiler en determinadas ciudades, según ha explicado el titular de Fomento.

Para acceder a la ayuda, los ingresos máximos de la unidad familiar deben estar por debajo de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en estos momentos se sitúa en 537,84 euros al mes. El umbral es más alto para las familias numerosas y las personas con discapacidad.

El Plan también busca fomentar la promoción de viviendas en alquiler. De la Serna ha apuntado que por primera vez se subvencionarán promociones de titularidad privada, que tendrán que estar destinadas al alquiler durante un mínimo de 25 años.

Otra «pata» del Plan está en la atención de quienes atraviesan un proceso de desahucio de su vivienda habitual. El ministro ha defendido la conveniencia de contar con este programa específico a pesar de que los desahucios se redujeron en 2017 a los niveles más bajos de los últimos diez años.

El Plan pondrá a disposición de estas personas viviendas de las entidades financieras, de particulares o de parques públicos, por una renta máxima de 400 euros al mes y un plazo de tres años. El importe de la ayuda puede ser de hasta el 100% del precio del alquiler.

Íñigo de la Serna ha destacado las mejoras que el nuevo Plan presenta con respecto al anterior en lo relativo a la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana y rural.

Por primera vez las ayudas de rehabilitación para edificios se podrán conceder a viviendas unifamiliares y también de forma individualizada a una vivienda que forme parte de un edificio. Además, se destinarán de manera preferente a viviendas anteriores al año 1996 -en el último plan era 1981-, lo que aumenta en un tercio el número de posibles beneficiarios. Las ayudas se incrementan con carácter general del 35% al 40% de la inversión, porcentaje que se eleva hasta el 75% en el caso de personas con discapacidad y más de 65 años.

En las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, se amplía el plazo para finalizarlas de los tres años actuales a los cinco, con lo que se responde a una demanda de muchos ayuntamientos, según ha indicado el ministro.

Otra novedad del Plan es la relacionada con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con dos apartados fundamentales: la rehabilitación -por primera vez se dan ayudas con este fin para viviendas unifamiliares en el medio rural- y la adquisición.

De la Serna ha señalado que este es el único caso en el que el Plan recoge ayudas directas para la adquisición; irán dirigidas a jóvenes que tengan su vivienda habitual en municipios de menos de 5.000 habitantes e ingresos inferiores a tres veces el IPREM.

El precio máximo de la vivienda será de 100.000 euros, con un límite de ayuda del 20%. «Se trata de ayudar a ese joven a seguir viviendo en el pueblo, pero que necesita una ayuda para rehabilitar una vivienda, adquirirla y establecerse allí», ha manifestado De la Serna.

El Plan incluye una línea específica para las personas mayores o con discapacidad, con ayudas al promotor de inmuebles para instalar servicios comunes adaptados que deberán destinarse durante un mínimo de 40 años al alquiler.

El ministro de Fomento ha explicado que el 15 de marzo se celebrará la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para decidir el reparto de los fondos. «A partir de ahí, iremos cerrando los convenios con cada una de ellas para firmarlos y materializar las ayudas, que, en cualquier caso, tienen carácter retroactivo al 1 de enero», ha dicho. De esta manera, en mayo o junio ya podrían gestionarse las solicitudes. En este sentido, De la Serna ha pedido colaboración a las comunidades autónomas, con cuya cofinanciación se cuenta para poder elevar las ayudas.

A pesar de los que pueda parecer, el Plan no ha sido bien recibido por todos. Para el PSOE «el Ejecutivo llega tarde y mal» con este plan, «que ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas, administraciones competentes en esta materia».

La secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, ha lamentado también que el Ejecutivo «ignore la situación en la que se encuentra el acceso a la vivienda en España, sumido en una escalada de precios imparable y con miles de inquilinos expulsados de sus hogares por el vencimiento de los contratos provocado por la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que realizó el PP en 2013».

La responsable socialista ha añadido que «dar ayudas al alquiler a jóvenes y mayores puede ser una buena idea, pero debe ir acompañada del incremento del número de pisos que se pongan en alquiler y de medidas que apunten directamente a una movilización de la oferta». «¿De qué sirve -se ha preguntado la responsable socialista- que se den ayudas al alquiler cuando en algunas ciudades escasean los pisos donde sería posible emplear esas ayudas?». Corredor parece olvidar las subvenciones que contempla el plan para las promociones de titularidad privada, que tendrán que estar destinadas al alquiler durante un mínimo de 25 años. Puede consultar aquí las condiciones establecidas para acceder a las ayudas del nuevo plan.

También FACUA-Consumidores en Acción ha criticado el Plan estatal. La organización lo considera «una cínica tomadura de pelo de un Gobierno que sigue fomentando la especulación». Su portavoz, Rubén Sánchez, cree que las ayudas contenidas en el Plan «excluyen a la mayor parte de quienes la necesitan para poder acceder a un piso en alquiler: los consumidores de entre 35 y 65 años».

La asociación considera que las medidas son claramente insuficientes y lamenta que el Ejecutivo no haya planteado un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos que limita a tres años la duración de los contratos, lo que impide el acceso a un piso para vivir a medio y largo plazo y fomenta la especulación de los arrendadores.

Para FACUA, sean cuales sean las partidas destinadas a los beneficiarios de las ayudas, resulta necesario cambio las leyes  que afectan a los derechos de los usuarios que intentan acceder a una vivienda en alquiler o propiedad.

«Las condiciones para acceder a las ayudas de alquiler establecen que se debe ser menor de 35 años, o mayor de 65, no tener una vivienda en propiedad y unos ingresos menores a 22.365 euros al año. Además, los mayores podrán pedir una ayuda de 200 euros para el pago de suministros y las personas afectadas por desahucios podrán recibir hasta 400 euros para el alquiler», señalan. Esto para FACUA «es restringir mucho las ayudas porque el hecho de no tener un piso en propiedad resulta razonable, pero hay que tener en cuenta a ciertos perfiles de usuarios que son copropietarios de un inmueble pero no pueden acceder a él, como personas divorciadas».