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El Gobierno acepta la propuesta de mediación sobre la estiba

Moncloa

El ministro de Fomento,Íñigo de la Serna (Foto: Moncloa/ JM Cuadrado)

El Ejecutivo estaría dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la misma

El Gobierno de España está dispuesto a aceptar la propuesta realizada por el mediador, Marcos Peña, a pesar de que no es la realizada por el Ejecutivo.

Además, el Gobierno anuncia que está dispuesto a elaborar un reglamento para incluir el contenido de la mediación.

Al objeto de buscar la mejor transición del modelo, la nueva propuesta consigue los tres objetivos esenciales: el mantenimiento del 100% del empleo, la mejora de la competitividad de los puertos y un plan de ayudas extraordinario del Gobierno para la transición del modelo.

Peña ha presentado a sindicatos, empresas y Gobierno un plan en el que insta a que las garantías de empleo mediante la subrogación empresarial se determinen en el marco del diálogo social. El mediador traslada la necesidad de una «normativa transitoria» que garantice la continuidad del empleo «en la forma jurídica que el Gobierno considere oportuna».

Asimismo, explica que tras cuarenta días de negociación y aun constatando «la buena disposición de las partes» no es posible lograr un acuerdo «global», por lo que estima que debe concluir su función.

Desde el Ministerio de Fomento alegan que la última propuesta realizada por patronal y sindicatos [1] supondría un coste para el erario público de 2.415 millones de euros y una enorme discriminación con respecto al resto de trabajadores.

El departamento de De la Serna sostiene que la asunción por parte de la Administración General del Estado de la diferencia salarial entre un trabajador nuevo y un trabajador subrogado y las jubilaciones anticipadas prolongadas en el tiempo hasta el dimensionamiento óptimo de la plantilla, contenidas en la propuesta de patronal y sindicatos, tendrían un coste inasumible para el erario público, de 2.415 millones de euros, lo que supondría una enorme discriminación con respecto al resto de trabajadores de este país. Recuerdan que la propuesta inicial de ayudas del Ejecutivo se situaba en el entorno de los 120 millones de euros.

Eso, sin mencionar que uno de sus puntos principales, la subrogación por ley de los trabajadores, no es posible, tal y como ha quedado demostrado con el escrito que la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, remitió a Íñigo de la Serna. En la carta Bulc considera que la subrogación imperativa de los estibadores suscitaría enormes dudas sobre su compatibilidad con las leyes de la UE, en particular con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE sobre la libertad de establecimiento.