Los fiscalistas del Consejo General de Economistas, REAF-REGAF, han presentado hoy un estudio sobre el tema
La economía sumergida y el fraude fiscal son dos lacras que asolan la economía española.
El trabajo y la facturación «en negro» impiden el crecimiento económico y la creación de empleo.
Los expertos del Consejo General de Economistas (CGE) calculan que la economía sumergida supone dejar de ingresar en las arcas públicas 26.000 millones de euros cada año. La AEAT afloró 17.772 millones en los últimos 5 años [2].
Algunos estudios elevan la economía sumergida en España a más de 200.000 millones mientras otros consideran que supera por poco los 120.000 millones de euros y que la recaudación perdida está en torno a los 40.000 millones. Pero el REAF-REGAF, órgano especializado en materia fiscal del Consejo General de Economistas, ajusta esta cantidad hasta los 26.000 millones antes mencionados.
El presidente del CGE, Valentín Pich, admite que en el fraude fiscal «juegan» muchas variables: la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto, el ejemplo de los responsables políticos, la fortaleza de las agencias tributarias, las consecuencias de la regularización espontánea o de las comprobaciones administrativas, la claridad y estabilidad normativa o las posibilidades de éxito del defraudador.
Para frenarlo han hecho 20 propuestas entre las que destacan mejorar la forma de trabajar de las Agencias tributarias, instruyendo expedientes administrativos más sólidos; facilitar las regularizaciones espontáneas de acuerdo con el régimen general previsto en la Ley General Tributaria para las declaraciones que se presentan fuera de plazo; intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión; tutelar de manera especial a los nuevos empresarios; hacer una rápida difusión de criterios interpretativos; intensificar la relación cooperativa; fijar objetivos de las Administraciones tributarias a medio y largo plazo; potenciar la educación ciudadana al respecto; potenciar la utilización de medios electrónicos e intensificar la cooperación internacional.
El CGE ha presentado también un informe sobre la declaración del Impuesto sobre Sociedades. Por este concepto, los ingresos tributarios del Estado se han incrementado un 2,33% en 2016 con respecto a 2015, experimentando subidas todos los grandes impuestos, si bien existen considerables diferencias: mientras IRPF permanece casi constante, Sociedades incrementa su recaudación un 4,98% y el IVA sigue con un buen comportamiento aumentando un 4,21%.
Comparando 2016 con 2007, último año antes de la crisis, los expertos del Consejo afirman que al Impuesto sobre la Renta le falta muy poco para recaudar lo que entonces, Sociedades se ha recuperado de las exiguas recaudaciones de los años más duros de la crisis, pero queda lejísimos del monto que alcanzó entonces, y el IVA se ha incrementado en un 12,5% ayudado, además de por la recuperación del consumo, por la subida de tipos impositivos.
«Lo que es indudable es que se ha producido un rebalanceo de impuestos directos a indirectos porque estos últimos, de significar un 36,81% de la recaudación total, han pasado a tener un peso del 46,24%, mientras que los directos han reducido su importancia sobre el total en casi 4 puntos porcentuales», señalan.
La recaudación que se puede alcanzar gracias a este tributo la elevan los economistas del CGE a entre los 20.000 y los 25.000 millones de euros.
El CEC creía a finales de 2014 que en España hay mas de 500.000 empleos irregulares [3]