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El Fiscal General unifica criterios sobre la malversación

Álvaro García Ortiz

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, en imagen de archivo

Tras la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno para satisfacer a sus socios independentistas

Los fiscales que intervinieron en el juicio a los golpistas catalanes piden al Supremo que mantenga la condena a 13 años de inhabilitación a Oriol Junqueras

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido hoy un decreto para unificar criterios en torno a la revisión de las condenas sobre malversación de caudales públicos.

Con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 14/2022) que deroga el delito de sedición, también se rebajan las penas impuestas a los malversadores de dinero público.

Ante la posible avalancha de peticiones de rebaja de condenas –como ha ocurrido con la denominada ‘ley del sólo sí es sí’– García Ortiz ordena a todos los fiscales que no revisen las sentencias condenatorias por delitos de malversación apropiatoria dictadas con arreglo al artículo 432 del Código Penal vigente tras la reforma de 2015 puesto que la nueva ley ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación.

En este sentido, advierte que el ánimo de lucro exigido por el nuevo delito de malversación se apreciará en todos los casos en los que el responsable actúe con conciencia y voluntad de disponer del patrimonio público como si fuera propio, destinándolo a fines ajenos a la función pública para conseguir una ventaja o beneficio propio o ajeno de cualquier tipo. Por consiguiente, el ánimo de lucro también se apreciará cuando el responsable del delito no persiga la obtención de una ventaja patrimonial o un incremento económico personal.

Por otra parte, la supresión de la malversación en su modalidad de administración desleal introducida en el año 2015 solo afectará a los hechos cometidos entre el 1 de julio de 2015 y el 11 de enero de 2023, pues estas conductas no eran delictivas antes de aquella fecha. En todo caso, la administración desleal del patrimonio público seguirá siendo perseguible penalmente tras la reforma de la Ley Orgánica 14/2022, que introduce en el Código Penal el nuevo artículo 433.

En relación con este asunto, los fiscales que llevaron las acusaciones públicas en la causa abierta por el golpe dado en 2017 en Cataluña han pedido al Tribunal Supremo que no revisen las condenas de inhabilitación impuestas a Oriol Junqueras (13 años), Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años) por cometer los delitos de malversación y sedición. Sí se avienen en cambio a que se les rebajen las condenas a otros acusados que fueron condenados por desórdenes públicos o desobediencia.

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