El Estado se personará en Bélgica pero no defenderá a Llarena
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su escaño del Congreso
Defenderá la instrucción del ‘procés’ ante la Justicia belga pero no al juez que instruye la causa en el Supremo, Pablo Llarena, por los actos que le atribuyen en su demanda los golpistas
Torra vuelve a defender la «república» y habla de «acusar» a España «de esta causa injusta»
El Ministerio de Justicia estudia contratar un bufete privado para defender la competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española en la causa penal abierta por ‘el procès’.
Sin embargo, en ningún caso asumirá la defensa del juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por los actos que le atribuyen los golpistas -el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers del Govern Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig- en la demanda que presentaron contra él en un juzgado belga.
Y eso a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces españoles, sí ha otorgado amparo a Llarena ante los procesados por rebelión y ha reclamado a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que adopten las «medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales de Bélgica».
Los procesados afirman que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y añaden que acusarles de ser rebeldes según el Código Penal español ofende claramente su honor, su integridad política y moral y el fundamento mismo de su acción política, concluyendo que el magistrado debe reparar íntegramente el daño causado en Bélgica.
Así pues, llegado el caso, el Estado español se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles sólo si en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por Puigdemont y sus cuatro ex consejeros huidos contra Llarena «la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos».
En este sentido, el Ministerio de Justicia dirigido en la actualidad por Dolores Delgado advierte que el proceso penal conocido como ‘el procès’ instruido por Llarena en el Supremo está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española. Y sólo si se ve cuestionada por el tribunal de Bruselas que tramita la demanda de Carles Puigdemont y los ex consejeros huidos de la Justicia española, el Gobierno actuará de forma proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción.
Afirman desde el departamento de Delgado que la demanda presentada en Bruselas incluye referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función.
Pero, matizan, en lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país.
En todo caso, si la causa belga recomienda la personación del Estado español, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional. Esa personación es imprescindible para ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Allí, España apelará a la Convención de Naciones Unidas de 2004, que en su artículo 5 dice que «todo Estado goza, para sí y sus bienes de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado».
Haga lo que haga este Gobierno o el que venga, los independentistas continuarán desafiando al Estado en todos los frentes posibles, no sólo el judicial. Tras volver a marcar el objetivo de hacer «real esta república» del que no se desviarán «ni un milímetro», Torra, que se siente «en el lado correcto de la historia», ha avanzado que «en los próximos meses tenemos que ir a acusar a España de esta farsa, de esta causa injusta». El viernes pasado habló de «atacar» al Estado.
El jefe del Govern ha dicho que «vivimos en un momento de excepcionalidad política absoluta», en la que «miles de catalanes han sido investigados, procesados, encausados, o deben ir a los juzgados sencillamente por haber querido ayudar a dar voz al pueblo de Cataluña y esto es intolerable».
Para finalizar, Torra ha pedido que nadie se olvide de «lo que votamos el 1 de octubre, en el referéndum de autodeterminación de Cataluña, y de lo que proclamó el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre». Porque, ha afirmado, «si nos olvidamos no seremos leales, no sólo al mandato del pueblo, sino a tantas generaciones pasadas que lucharon exactamente por eso»…
