El despilfarro en infraestructuras supera los 97.000 millones

El informe no tiene desperdicio

La cifra supone más de 16 billones de las antiguas pesetas

Entre 1995 y 2016 «una minoría privilegiada se ha dedicado a saquear» las arcas públicas españolas «de forma sistemática, organizada y generalizada con prácticas muy nocivas para el conjunto de la sociedad»

En las dos últimas décadas, las administraciones públicas (AAPP) han despilfarrado más de 81.000 millones de euros en infraestructuras innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas. Una cantidad que puede superar los 97.000 millones en un futuro próximo si se suman las obligaciones ya adquiridas.

Es la conclusión a la que han llegado varios geógrafos y profesores de universidad españoles que únicamente se han centrado en analizar proyectos con un presupuesto inicial de adjudicación superior a los 10 millones de euros en cualquiera de los tres niveles de gobierno (estatal, regional y local).

Muchas de esas obras públicas -infraestructuras, equipamientos culturales o científicos, parques y ciudades temáticas o inversiones para acoger grandes eventos- permanecen cerradas o en desuso, otras están infrautilizadas (capacidad de vehículos, pasajeros o mercancías respecto a previsiones iniciales, actuaciones deportivas, eventos culturales), la mayoría han supuesto sobrecostes desproporcionados y otras incluso han tenido que ser rescatadas por los poderes públicos que han debido asumir sus deudas.

Excepcionalmente se incluyen algunos proyectos ejecutados que aunque puedan considerarse un despilfarro porque se ha demostrado que no era una inversión prioritaria, por ejemplo en ferrocarril, están en funcionamiento.

El estudio destaca que durante el boom económico que se produjo entre 2000 y 2008, las distintas AAPP pueden haber comprometido cantidades próximas al 20% del Producto Interior Bruto (PIB) por la falta de eficiencia en sus inversiones o, lo que es lo mismo, por ejecutar obras a un coste mayor del mínimo posible. Y a falta de más datos, donde más se ha producido este «modelo de corrupción» es en la Administración local y regional donde residen competencias tan importantes como urbanismo y ordenación del territorio.

En síntesis, entre 1985 y 1995 se «dilapidaron» en ineficiencias 15.217 millones de euros (cerca de un 5 % del PIB). En el periodo del llamado boom económico o la década dorada (1996-2007), la magnitud del despilfarro alcanza un 20% del PIB. En esos 11 años de crecimiento económico acelerado los autores estiman un despilfarro (sumando ineficiencias y corrupción) de 147.732 millones de euros. Finalmente, en el periodo que va desde el inicio de la crisis económica hasta ahora, se puede cifrar la ineficiencia y el despilfarro en un 3% del PIB, es decir, unos 31.556 millones de euros.

Tras analizar líneas de Alta Velocidad (en adelante, LAV), autopistas y autovías, puertos y aeropuertos, desaladoras, trasvases y almacenes subterráneos de gas natural, los autores afirman que el despilfarro en LAV ha sido de 26.240 millones de euros; el dinero «perdido» en vías de alta capacidad (autopistas y autovías) ha sido de 5.952 millones; en puertos y aeropuertos el sobrecoste se cifra en los 9.512 millones de euros; y, por último, en cuanto a desaladoras, desalinizadoras y depósitos subterráneos de gas los costes fuera de control se sitúan en los 4.299 millones.

La palma en este último apartado se la lleva el proyecto Castor (Castellón) en el que el Gobierno ha hecho perder a los españoles hasta 1.760 millones. Sin olvidar la desaladoras de Torrevieja (Alicante) o la de Águilas-Guadalentin (Murcia) donde los «gastos extra» están en el entorno de los 290 millones cada una.

Pero como se ha indicado antes, las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales -que tienen la competencia en materia de urbanismo y desarrollo del territorio, han comprometido de forma inadecuada algo más de 35.000 millones de euros entre 1995 y 2016. Una cantidad que ascenderá a más de 51.000 millones en los próximos años si se tienen en cuenta los compromisos ya adquiridos por distintos gobiernos.

Cataluña y la Comunidad de Madrid ocupan los primeros lugares, seguidos de  la Comunidad Valenciana, Aragón, Andalucía, Asturias, y Castilla-La Mancha. Este primer grupo de siete Comunidades Autónomas supone más del 90 % del total de los recursos públicos mal utilizados.

Los responsables del informe desvelan que en el caso de los gobiernos regionales y/o locales varios de los proyectos analizados han sido abandonados o permanecen inconclusos después de centenares de millones de euros de inversión. Desde líneas de tranvía insostenibles (Jaén, Vélez- Málaga, bahía de Cádiz, Parla), hasta proyectos singulares como la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, la Ciudad de la Luz en Alicante, la Ciudad de la Justicia de Madrid, Caja Mágica o extravagancias como la Ciudad del Circo en Alcorcón o la Meseta Ski de Tordesillas, pasando por aeropuertos regionales como el de Ciudad Real, centros culturales sin uso o inacabados o redes de depuradoras como en Aragón.

Es especialmente significativo el caso del gran complejo ocioso construido en torno a la Expo del Agua 2008 en Zaragoza, o los macromuseos o auditorios sobredimensionados como la Ciudad de la Cultura de Santiago, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o la Marina de Valencia).

Concluyen los investigadores que aunque el despilfarro en infraestructuras no es un fenómeno exclusivo de España, como han demostrado otros estudios e investigaciones, en el caso de España es importante. Recuerdan en este punto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifró en 2015 el volumen de contratación pública en España en 194.000 millones de euros anuales, de los que estimaba un coste de 47.500 millones al año (un 4,5% del PIB) en desviaciones al alza en contratos públicos.

Sobre estas cifras estiman los geógrafos que en las últimas dos décadas más de 80.000 millones de euros (las obligaciones contraídas superan los 97.000) se han gastado mal o se han comprometido en infraestructuras ociosas, infrautilizadas, innecesarias o cerradas y en proyectos o eventos efímeros o inútiles. Muchos de ellos a modo de «cajas vacías» que ahora se intenta llenar.

Es importante no olvidar que únicamente han analizado las obras de más de 10 millones de euros. Es probable que lo hayan hecho así porque resulta imposible ya calcular el ingente dineral que los Ayuntamientos y gobiernos regionales han «desviado» hacia «amigos constructores» en «obras menores».

Puede leer aquí el informe, que no tiene desperdicio y que remata aseverando que en los úlitmos años «una minoría privilegiada se ha dedicado a saquear» las arcas públicas españolas «de forma sistemática, organizada y generalizada con prácticas muy nocivas para el conjunto de la sociedad».

«Se trataba de aprovecharse de los presupuestos públicos, vía adjudicaciones amañadas o autorización de sobrecostes injustificables, allí donde fuera posible: construcción de grandes infraestructuras, escuelas, hospitales, centros culturales o deportivos… cualquier programa que dispusiera de recursos públicos o cualquier departamento o empresa pública que tuviera capacidad de endeudarse ha servido para ese propósito». Y la prueba de todo ello, culminan, está en los «recientes procesos judiciales sustanciados o actualmente en curso» que desvelan «la existencia de estas redes criminales».