El déficit estructural previsto en los PGE compromete la recuperación
La deuda pública es ya una losa inmensa…
Se aproximará a los 75.000 millones de euros, un 6% del PIB
Si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 termina aprobándose –algo más que probable– su carácter expansivo va a situar el déficit y la deuda pública en niveles difícilmente sostenibles.
El déficit estructural estará cercano a los 75.000 millones de euros (en torno al 6% del PIB) comprometiendo muy seriamente la recuperación.
Así de contundente se muestra el Círculo de Empresarios en PGE 2021: Un déficit estructural que compromete la recuperación, un análisis presentado este lunes en el que advierte que, además, al ser tan expansivos no podrían prorrogarse.
Tanto el presidente del Círculo, John de Zulueta, como el presidente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea, Juan María Nin, han adelantado que cuando la Comisión Europea vuelva a exigir una pronta y gradual transición hacia la consolidación presupuestaria –este año ha permitido una ‘desviación de la ruta de ajuste’-, unos presupuestos tan expansivos no serían prorrogables ni viables en años posteriores.
En este sentido en el Centro cuestionan la idoneidad del momento para elevar gastos que implican adquirir compromisos de carácter estructural. Asimismo se preguntan si el Gobierno ha analizado en profundidad la eficiencia del gasto público para compensar el elevado incremento que la pandemia ha tenido sobre determinadas partidas.
Por el lado de los ingresos, el Círculo de Empresarios considera que, dada la fragilidad de la recuperación económica y los efectos que tiene y tendrá la nueva ola, las estimaciones de recaudación son optimistas. Además, el alza de los ingresos se apoya en parte en nuevas figuras impositivas con una capacidad recaudatoria que podría estar sobreestimada.
En esta fábrica de pensamiento económico preocupa la subida generalizada de impuestos, directos e indirectos, sobre empresas y familias en contraste con los anuncios de los Gobiernos de las grandes economías europeas de bajadas del IVA, aplazamientos de pagos de impuestos, exenciones a pymes, reducciones en el IRPF, etc. También preocupa que estos cambios puedan tener elevados costes en términos de seguridad jurídica y atracción de inversión extranjera directa.
‘Todo ello puede perjudicar seriamente la productividad y competitividad de la economía española’. Por todo ello insisten una vez más en la necesidad de mejorar la competitividad española retomando la aplicación de reformas estructurales para transformar el modelo productivo español y hacerlo más sólido, competitivo y sostenible.
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