El déficit de las AAPP se redujo hasta el 2,63 por ciento del PIB en 2018
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las CCAA diciembre 2017-2018
Lo que permite salir a España del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE en el que se encontraba desde 2009
España redujo su déficit público un 10,4% en 2018, pasando del 3,03% del PIB al 2,63%
El Estado registró un superávit primario de 7.400 millones
El déficit de las CCAA pasó del 0,36% del PIB en 2017 al 0,23% de PIB en 2018. Quince CCAA cumplen el objetivo, de las cuales cinco cierran el ejercicio con superávit
A las CCLL, que registran superávit por séptimo año consecutivo, el Gobierno les permite reinvertir el superávit de 2018 durante este año
Las Administraciones Públicas españolas cerraron el ejercicio 2018 con un déficit del 2,63% del PIB.
El ejercicio 2017 se cerró con un déficit del 3,03%. Tras una reducción del 0,4%, el déficit de 2018 se ha reducido un 10,36% al pasar de 35.395 millones en 2017 a 31.727 millones de euros un año después.
Una reducción que garantiza a España salir del Procedimiento de Déficit Excesivo en el que lleva inmerso el país desde 2009.
Esta disminución del déficit se produce por un incremento de los ingresos de un 6%, un ritmo superior al aumento de un 4,7% de los gastos.
Además, el déficit primario -descontando los intereses- se reduce un 75,5% al pasar de los 6.086 millones de 2017 a 1.490 millones en 2018. Este déficit primario equivale al 0,12% del PIB, frente al 0,52% de 2017.
Los recursos no financieros en 2018 se han situado en 468.836 millones, que representa un 38,85% del PIB. Esto supone un aumento del 6%, consecuencia de la mejora de los recursos impositivos y de las cotizaciones sociales, que se han incrementado un 4,9%, hasta los 150.114 millones.
Por su parte, el gasto público en 2018 ha registrado un aumento del 4,7% hasta los 500.641 millones. Una cifra que representa el 41,44% del PIB, 0,45 puntos porcentuales más que el gasto del año anterior. En cuanto a las rúbricas que presentan en 2018 un mayor nivel de gasto, cabe mencionar la remuneración de asalariados, el consumo intermedio o las prestaciones sociales distintas de las trasferencias sociales en especie.
La Administración Central, que incluye al Estado y sus Organismos Autónomos, ha recortado su déficit, excluyendo la ayuda financiera, del 1,85% del PIB en 2017 hasta el 1,5% en 2018, siendo el subsector que más ha reducido el déficit en este periodo.
El déficit del Estado se ha situado en el 1,62% del PIB, registrando una reducción de 0,3 puntos de PIB. Por segundo año consecutivo ha registrado superávit primario, que asciende en 2018 a 7.400 millones (0,61% del PIB), es decir, un 85,8% superior al registrado en 2017.
Los impuestos, que suponen el 85% del total, se han incrementado un 7,4% (11.780 millones más que en 2017). Todos «mejoran», destacando los aumentos, en términos de contabilidad nacional, del 11,2% del IRPF, el 10,2% del Impuesto sobre Sociedades y el 5,9% del IVA.
Las transferencias a otras Administraciones Públicas han superado en un 15,5% a las del año anterior, principalmente por las recibidas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
Los Fondos de la Seguridad Social han cerrado el ejercicio con un déficit de 17.088 millones, el 1,41% del PIB, ligeramente inferior al 1,44% registrado en 2017 a pesar de que las cotizaciones sociales se incrementaron un 5,4% en su conjunto (7.116 millones de euros).
Las Comunidades Autónomas redujeron en más de un 33% su déficit, hasta el 0,23% del PIB, lo que supone una disminución de 0,13 puntos porcentuales respecto al año anterior. Prácticamente todas las regiones mejoraron su saldo respecto al año 2017. De hecho, 15 de ellas han cumplido el objetivo de déficit, cinco de las cuales cierran 2018 con superávit.
Por último, la Administración Local vuelve a registrar superávit por séptimo año consecutivo. Un saldo positivo que asciende a 6.292 millones en 2018. En términos de PIB, el superávit supone el 0,52%, frente al 0,61% del año anterior. Según los daros ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, esta evolución se debe al crecimiento de los empleos no financieros del 2,2%, motivado especialmente por el incremento de las inversiones financieramente sostenibles.
Ante este hecho, el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley -uno más de los 34 que ha aprobado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en los escasos 10 meses que ha ocupado La Moncloa- que permite a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en 2019. Es la excepción que contempla la Ley de Estabilidad, que recoge que el saldo positivo de las administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda, a no ser que se destine a las denominadas inversiones financieramente sostenibles.
