El Defensor del Pueblo pide proteger los pisos turísticos
Muchos particulares alquilan sus viviendas
Considera que algunas leyes autonómicas impiden a los particulares beneficiarse de esta modalidad de negocio
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha planteado a la Secretaría de Estado de Hacienda la necesidad de que clarifique la fiscalidad de los rendimientos producidos por el alquiler de inmuebles destinados a uso turístico, cuando los propietarios son personas físicas que no ejercen una actividad empresarial y/o profesional.
Marugán entiende que, de no dictarse directrices claras, esta actividad quedará únicamente en manos de empresas e intermediarios en perjuicio de los propietarios particulares.
La institución ha recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por las normas aprobadas por algunas Comunidades autónomas –como la gallega– para regular la actividad del alquiler de viviendas de uso turístico, que imponen el cumplimiento de unos requisitos, como el alta en seguridad social y en un censo tributario. Los propietarios particulares protestan porque, en la práctica, estas normas les impiden alquilar sus viviendas.
El núcleo de la cuestión radica en que este mercado ha experimentado un cambio muy grande y muy rápido. Hasta fechas recientes, las viviendas alquiladas con fines turísticos por particulares sólo encontraban inquilinos de forma local y ocasional.
Con el desarrollo de las comunicaciones y la aparición de plataformas en Internet que actúan como intermediarias, este mercado ha crecido y se ha flexibilizado: ya no se trata sólo del alquiler de temporada, sino que se puede hacer durante todo el año y no es necesaria la cercanía para conocer que existe un piso disponible.
No parece lógico -alerta el Defensor del Pueblo- que la imposición de unos requisitos desproporcionados deje a los ciudadanos fuera de este mercado, lo que afectaría a su derecho de propiedad, o que los rendimientos por alquiler temporal acaben obteniéndose de forma opaca y sin tributar por ellos.
Para clarificar estas cuestiones, Marugán propone que se apruebe una normativa fiscal que defina los requisitos del alquiler para uso turístico cuando se realiza por ciudadanos particulares. Esto, dice, evitaría la inseguridad jurídica actual y ayudaría a la tributación por los rendimientos realmente percibidos.
Nota: Soledad Becerril renunció el pasado 21 de julio a su cargo como Defensora del Pueblo tras cinco años ejerciéndolo.
