El Congreso rechaza reformar la Ley de Seguridad Ciudadana
Una imagen aérea de la Cámara Baja
PSOE y Podemos no consiguen el apoyo de ERC y Bildu, que, entre otras cosas, exigían la prohibición de las pelotas de goma y de material antidisturbios en las manifestaciones
Esta mañana la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no ha admitido a trámite el dictamen para reformar la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.
Los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y los proetarras de EH Bildu han votado en contra porque, aseguran, la propuesta socialista ‘no deroga los artículos más lesivos’ de la actual Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, que seguirá vigente tal y como está desde que la aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy.
Los 18 votos de PSOE, Unidas Podemos y Partido Nacionalista Vasco (PNV) no han sido suficientes para contrarrestar los 19 noes que han sumado el Partido Popular (PP), VOX, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (Grupo Mixto) Juntos por Cataluña (Grupo Plural) con los dos de ERC y EH Bildu.
La reforma de la mal llamada ‘ley mordaza’ se frustra por segunda vez después de que la convocatoria de elecciones del año 2019 impidiese su toma en consideración.
Los partidos de la coalición -PSOE y Podemos- han estado tres años negociando este asunto con los diputados de Esquerra y Bildu, que no han dado su brazo a torcer a pesar de que el dictamen contemplaba la desaparición de las sanciones por ocupaciones de oficinas públicas o bancarias, la retirada de las sanciones por protestas ante o en infraestructuras si no suponen riesgo grave para las personas, la reducción de las responsabilidades de los convocantes de manifestaciones por actos de terceros o las cuantías económicas de todas las sanciones.
Además, establece un criterio de ponderación en las sanciones por el que pagarán más quienes más ingresan y menos quienes menos ingreses. Igualmente, incluye la posibilidad de sustituir la sanción por acciones de restauración, de reparación del daño causado, actuaciones reeducativas y actos de mediación y conciliación. También deja sin sanción ‘las expresiones o actos de disconformidad, ni el ejercicio de la libertad de expresión’.
Sin embargo, los de ERC y Bildu querían que se prohibiese el uso de pelotas de goma y de material antidisturbios en las manifestaciones, algo que finalmente no incluía el dictamen rechazado.
Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han sido pocas las asociaciones que se han alegrado de que los socios del Gobierno no se hayan puesto de acuerdo. Tanto el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, como la Confederación Española de Policía (CEP) o la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han agradecido que las propuestas que afectaban directamente a su seguridad personal y a su trabajo frente al repunte de la delincuencia violenta no hayan prosperado. El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha asegurado que ‘esta reforma solamente beneficiaba a los violentos y los delincuentes y suponía un ataque directo a los ciudadanos y a los policías’.
Hace unos días JUPOL presentó un informe alertando sobre el aumento en el último año de un 22% de la criminalidad en las calles españolas y de la falta de efectivos. Para hacer frente en condiciones óptimas a la nueva realidad delincuencial que se vive en España sugerían un ‘imprescindible’ incremento de puestos de trabajo.
El estudio demuestra que actualmente sólo hay 30 policías nacionales por cada 10.000 ciudadanos. Asimismo, advierte de importantes diferencias entre las diferentes plantillas de la Policía Nacional, especialmente en la sobredimensión de la de Madrid, que en la capital cuenta con una cifra de 75 agentes por cada 10.000 ciudadanos, muy por encima de la media de 30 policías para cada 10.000 ciudadanos y muy lejos de los datos de municipios como La Rioja o Luarca (10 policías), San Sebastián y Bilbao (15 policías), Gijón (16 policías) Murcia, Burgos, Torrelavega y Salamanca (19 policías).
Destaca el informe también el caso de Vigo, donde se ha producido un incremento del 77% en la criminalidad y cuenta con tan solo 23 agentes para cada 10.000 ciudadanos; o el de Tenerife, donde la criminalidad ha crecido en un 113% en el último año y tan sólo cuentan con 17 agentes para cada 10.000 ciudadanos.
Una situación alarmante, por la que JUPOL solicita de manera urgente que se lleve a cabo una redistribución de las 2.300 plazas de Policía Nacional que actualmente se encuentran vacantes en Madrid por el resto del territorio nacional, atendiendo siempre a los índices delincuenciales de cada uno de los municipios.
