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El Congreso aprueba la «derogación» de la LOMCE

Rafael Simancas

Simancas defendió la propuesta socialista

El calendario, de no alcanzarse un acuerdo de Gobierno, impedirá la paralización de la Ley

Los funcionarios del sistema educativo pidieron al PSOE no «enredar» más el sistema educativo

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 186 votos a favor (PSOE, Podemos, DiL, PNV Compromís, Bildú y Coalición Canaria), 112 en contra (PP, Foro Asturias, UPN y ERC) y 41 abstenciones (Ciudadanos), una proposición presentada por el PSOE para suspender el calendario de implantación de la LOMCE, la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, aprobada por el ahora Gobierno en funciones en diciembre de 2013.

Durante el debate, el portavoz educativo socialista, Rafael Simancas, expuso que el calendario de implantación de la Ley es «inasumible» para las Comunidades Autónomas y para los centros educativo. Simancas fundamentó la «derogación» en la propuesta presentada por doce gobiernos regionales en 2015 en la que pedían una moratoria para evitar las consecuencias de una implantación «precipitada» de la ley.

Simancas afirmó también que la LOMCE «ataca directamente a la igualdad de oportunidades» y «retrocede en la equidad y en la calidad de la educación».

El problema es que para derogar una ley hay que aprobar otra porque, lo contrario, es «ir para atrás». Eso es lo que sostuvo durante el debate el diputado de Ciudadanos Antonio Roldán para justificar la abstención de su grupo en la votación. Una postura contestada por el diputado socialista Rafael Simancas asegurando que la paralización es el «primer paso» para la derogación y sustitución por una nueva norma «estable y perdurable», fruto de «un gran pacto social y político».

Ahora, si el calendario lo permite, se derogará el real decreto 1058/2015 de 20 de noviembre con el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria, las denominadas «reválidas» por los contrarios a la Ley. Y a partir de ahí, enviar a las Cortes Generales un proyecto de ley básica de educación que supondrá, de facto, la derogación de la LOMCE, que ya se está aplicando parcialmente.

Quien cree que todo esto no podrá hacerse es el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, quien ayer por la noche señaló en TVE que la toma en consideración de la proposición del PSOE «no va a tener ninguna aplicación práctica porque no va a dar tiempo».

Esther Gutiérrez

Esther Gutiérrez

A pesar de las advertencias de Méndez de Vigo, la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de Extremadura ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la proposición socialista.

La consejera de Educación extremeña, María Esther Gutiérrez, ha pedido al ministro en funciones que convoque de manera urgente la Conferencia Sectorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas, para tratar y debatir sobre las graves consecuencias que está generando la implantación de la LOMCE y así poder adoptar medidas que frenen sus efectos.

Según Gutiérrez, entre las decisiones urgentes que deben abordarse en esa Conferencia está la necesaria paralización de la denominada reválida de 6º de Primaria, cuyo decreto que lo regula fue recurrido el pasado mes de febrero ante el Tribunal Supremo por la Junta de Extremadura para pedir su derogación.

Además, es necesario que las Comunidades Autónomas y el Ministerio acuerden los itinerarios a seguir el próximo curso para 4º de ESO, así como clarificar las bases de acceso a las especialidades y ciclos de Formación Profesional y la moratoria para la supresión de las Pruebas de Acceso a la Universidad, entre otros temas educativos.

Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) consideran inadecuada la paralización de la LOMCE, que achacan a intereses políticos. Es más, en CECE creen que la derogación de la ley educativa conducirá a un caos educativo o, lo que es lo mismo, a dejar «la educación en funciones».

Temas de gran trascendencia y de enorme preocupación para familias, profesores y centros como son los itinerarios, la FP básica, la PAU, las evaluaciones o los libros de texto, por citar algunos, se verán afectados por esta paralización, originando un auténtico barullo normativo.

Por ejemplo -explican- 1º y 3º de la ESO serían de la LOMCE y 2º y 4º serían de la LOE, y lo mismo sucede en el Bachillerato. Por esto, desde CECE hacen un llamamiento al diálogo para alcanzar acuerdos que alejen la educación de intereses políticos.

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