El «conflicto» de las VTC llega a Bruselas
El presidente nacional de Unauto VTC, Eduardo Martín
Unauto se queja en la Comisión Europea del «decreto Ábalos» y la prohibición de operar en Cataluña
Una de las empresas de VTC que ha tenido que salir de Cataluña por la regulación aprobada por el Govern, Unauto, ha llevado a Bruselas la defensa de sus intereses y la de los autónomos del sector.
Durante una reunión con Kristian Hedberg, subjefe de gabinete de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Coordinación de Políticas de PYME de la Comisión Europea, el presidente nacional de Unauto, Eduardo Martín, ha mostrado su preocupación ante la fragmentación regulatoria que supone el «decreto Ábalos», que ha derivado en la prohibición de facto a operar al sector VTC en Cataluña, después de que la Generalitat catalana haya cedido a las presiones del sector del taxi.
Kristian Hedberg ha mostrado su preocupación por la situación de competencia real en el transporte en España, ante la «expulsión» de los vehículos con conductor de Cataluña y la intención de otras Comunidades de seguir su ejemplo.
Durante la reunión, Martín ha explicado a Hedberg los acontecimientos vividos en España y las razones por las que el Real Decreto Ley 13/2018, promulgado por el Ministro Ábalos, y el Decreto Ley Catalán 4/2019, del Conseller de Territori, Damià Calvet, infringen la legalidad comunitaria europea.
«Nos tranquiliza que la Comisión Europea comparta nuestra preocupación por las últimas regulaciones aprobadas para limitar nuestra actividad y perpetuar el monopolio del taxi», ha detallado Eduardo Martín, que ha logrado el compromiso de Hedberg de estudiar con detenimiento el tema para analizar si van en contra del libre mercado y la libre competencia.
Martín espera que la Unión Europea entienda que el sector del taxi «ha secuestrado las ciudades para eliminar a su competencia y ha empleado métodos violentos para amedrentar a los trabajadores y usuarios de VTC».
Para acabar el presidente de Unauto ha calificado lo que ha ocurrido en Barcelona, donde el decreto aprobado por el conseller del Territorio, Damiá Calvet, ha arrastrado al paro a más de 3.500 personas, como la vuelta de una ciudad al siglo XX.
