El CGPJ aclara: ‘La vivienda es materia autonómica’
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en imagen de archivo
El máximo órgano de los jueces aprueba por mayoría de 15 votos a 6 el informe crítico sobre el anteproyecto de la Ley por el derecho a la Vivienda programado por el Gobierno Sánchez
Ajena a las críticas, la ministra de Agenda Urbana ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto en segunda vuelta
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por mayoría de 15 votos a 6 el nuevo informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
El informe ha sido redactado por los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, tras el rechazo también por mayoría de 15 votos a 6 del anterior informe redactado por Álvaro Cuesta, ex diputado del PSOE, partido al que está afiliado desde 1974.
El nuevo texto, que puede leer íntegramente aquí, parte de la base de que la vivienda ‘es una materia de titularidad autonómica’.
En sus observaciones generales los magistrados avisan de que el anteproyecto contiene una serie de directrices generales ‘imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional’. Continúan explicando que ‘ello se debe a que limita y dificulta que las Comunidades Autónomas puedan ‘desarrollar una política propia en dicha materia’, contrariamente a lo que establece el Tribunal Constitucional en su sentencia 152/1988, que, precisamente, atribuye la competencia en materia de vivienda a las Autonomías.
Subrayan además que no puede obviarse que el anteproyecto contempla no pocas reglas que afectan a la titularidad de la vivienda, así como a los contratos de compraventa y de arrendamiento. ‘Relaciones jurídicas todas ellas de índole civil’, que obligan a recodar que el Tribunal Constitucional ha señalado en su sentencia 132/2019 de 13 de noviembre que ‘en el caso del contrato de compraventa ha de primar su carácter civil,….’ por encima del administrativo.
Desde este punto de vista añaden que una cosa es que las Administraciones Públicas establezcan una fórmula de equidistribución de cargas y beneficios entre los propietarios del suelo para determinar su uso (fomentando por ejemplo la vivienda ‘pública’) y otra distinta es el destino que los propietarios de viviendas puedan dar a estas y los derechos y obligaciones que contraigan en virtud de las relaciones contractuales sobre ellas.
Todas las consideraciones judiciales parten de la configuración que el derecho a la vivienda tiene en el artículo 47 de la CE –Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos- y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que lo ha interpretado.
Han votado a favor del texto el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Olea, Roser Bach y Victoria Cinto, estos dos últimos vocales a propuesta del PSOE. Se han opuesto Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Los vocales Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han anunciado la formulación de un voto particular.
A pesar de las advertencias de los jueces y de la inseguridad jurídica que puede crear si insiste en sacar adelante el proyecto, el Gobierno continuará con la tramitación del anteproyecto. Lo ha avanzado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha confirmado que el próximo martes, 1 de febrero, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto en segunda vuelta y lo enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria.
