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El caso Mercabarna fustiga a la AEAT contra el fraude fiscal

Cristóbal Montoro

Cristóbal Montoro quiere acabar contra el fraude fiscal en España

Hacienda investiga en Mercabarna, la sociedad gestora que concentra los mercados mayoristas de Barcelona, un fraude de 100 millones

La Agencia Tributaria intensificará sus actuaciones para aflorar actividad sumergida

La Agencia Tributaria (AEAT) reforzará este año sus actuaciones con el objetivo de aflorar actividades y rentas ocultas. El último fraude descubierto en Mercabarna, donde la Oficina Antifraude registró ayer 23 puestos y 10 oficinas de 20 empresas acusadas de cometer fraude fiscal, es el claro ejemplo de que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda está dispuesto a darlo todo para acabar con el fraude fiscal en España.

En Mercabarna, Hacienda investiga las ventas en negro de empresas dedicadas al comercio al por mayor de pescado, que podrían haber evadido más de 100 millones de euros. El método usado por los investigados es un sistema informático que permite seleccionar ventas para ocultarlas de la contabilidad y de las declaraciones tributarias. Así, las empresas que declaran una facturación anual superior a los 300 millones de euros podrían estar ocultando más del 30% de sus ventas reales.

Se trata de una actividad no declarada que genera competencia desleal, perjudicando a las empresas y particulares que sí cumplen correctamente con sus obligaciones tributarias. Las sociedades contaban con unos márgenes de beneficios «anormalmente bajos» que en raras ocasiones superaban el 1,5% y sus responsables manejaban grandes cantidades de dinero en efectivo y ofrecían a sus clientes documentación insuficiente en los justificantes de venta.

Este tipo de fraudes impiden al Estado recaudar cientos de millones de euros al año. Para evitarlo, el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, ha dado orden de intensificar las inspecciones sobre la economía sumergida dentro del Plan de Control Tributario 2015, cuyas directrices publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

La Agencia Tributaria impulsará las actuaciones de control en aquellos casos en que aprecie la existencia de riesgos significativos de infradeclaración de la actividad. Y por otra parte se analizará muy especialmente la posible utilización de programas informáticos –software de doble uso- que alteren la facturación real, renumeren tiques y modifiquen los precios o, simplemente, permitan suprimir una parte de la facturación.

Además, se realizarán actuaciones dirigidas al afloramiento de actividades y rentas ocultas. Entre otros colectivos, se actuará en relación con particulares que ceden total o parcialmente viviendas por internet u otras vías, así como sobre aquellas empresas que no cumplen debidamente con sus obligaciones fiscales. Todo ello, al tiempo que se seguirán reforzando las visitas presenciales para la detección de alquileres irregulares no declarados.

Paralelamente, la Agencia Tributaria hará frente a las nuevas formas de fraude que se producen en internet, tanto mediante la captación y explotación de la información pública disponible en la red que permita descubrir actividades ocultas o bienes objeto de un comercio ilícito, como a través de actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios a través de internet.

Está previsto cruzar la información de más de 200.000 dominios para su posterior incorporación a las bases de datos de la Administración Tributaria. También se utilizará la tecnología de las redes sociales para analizar operaciones comerciales al objeto de identificar patrones de comportamiento que se corresponden con actividades defraudadoras (tramas de IVA, uso de testaferros, etc.).

La investigación de patrimonios ocultos en el extranjero a partir de la información aportada por el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el exterior será un pilar básico para la búsqueda de patrimonios deslocalizados. Ya se encuentran en fase de investigación más de 7.000 contribuyentes sobre los cuales la Agencia Tributaria cuenta con indicios de que, o bien debieron presentar el modelo 720 y no lo hicieron, o bien no declararon su patrimonio exterior correctamente.

En el ámbito de la fiscalidad internacional, se prestará atención preferente a contribuyentes con residencia fiscal en España que se sirvan de instrumentos o estructuras híbridas (con distinto trato tributario en otro país), para eludir o minorar el pago de impuestos a la Hacienda española.

También para combatir la planificación fiscal abusiva, y en el contexto de los trabajos desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (el proyecto BEPS de la OCDE), se intensificará el control de pagos al exterior y operaciones complejas a los que resulten de aplicación las normas antiabuso, prestando especial atención a las estructuras en las que intervienen «conduit companies» (sociedades interpuestas para obtener los beneficios de un convenio bilateral).

De igual forma, se mantendrán los controles sobre operaciones y localizaciones ficticias de residencia en paraísos fiscales y se reforzarán las actuaciones relativas a la comprobación de actividades económicas desarrolladas en España por no residentes, atendiendo especialmente a las situaciones de tránsito de residencia (actividad esporádica en España).

Por otra parte, continuarán siendo objeto de especial control la utilización improcedente de empresas para reducir la tributación de personas físicas, el análisis de signos externos de riqueza, los emisores de facturas irregulares y las tramas de fraude organizado en el IVA, ámbito donde se potenciará la detección temprana de las organizaciones y la detección de esquemas de adquisición masiva y por precios simbólicos de sociedades sobre las que recaen o van a recaer importantes contingencias fiscales, por parte de personas ilocalizables.

Todo esto sin olvidar la especial relevancia las actuaciones para la detección del contrabando de tabaco y los controles en los recintos aduaneros de viajeros y mercancías procedentes de áreas de menor tributación mediante escáneres de contenedores, de vehículos o de paquetería.

Y es que España pierde al año cientos de millones por el fraude fiscal. Sólo en 2014, los prejuicios económicos derivados de la piratería digital evitaron la creación de más de 29.000 empleos. Ahí es nada.

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