El BOE publica la Ley por el ‘derecho’ a la Vivienda
Los okupas tienen a partir de este viernes más derechos que los propietarios…
Entra en vigor este viernes, 26 de mayo de 2023
Un 24% de los españoles viven de alquiler
El Boletín Oficial del Estado publica este jueves la Ley por el derecho a la Vivienda.
La redacción de elpueblodigital.es recomienda encarecidamente a todos los propietarios leérsela bien antes de ir a votar el 28 de mayo. Puede consultar aquí el texto completo.
La norma, aprobada por comunistas, golpistas y proetarras, incorpora, entre otros cambios, la figura -rebajada- del gran tenedor, los umbrales para declarar las zonas ‘tensionadas’ en las ciudades, los límites a la actualización anual de la renta y las trabas para ejecutar los desahucios de casas okupadas ilegalmente.
A juicio del Consejo General del Poder Judicial la norma invade competencias autonómicas por lo que muchos expertos en la materia la consideran inconstitucional…
Al margen, es importante tener en cuenta lo que establece la Disposición transitoria cuarta acerca del régimen de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.
1. Los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de aplicación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico establecido en esta ley.
3. Con independencia de lo previsto en los apartados anteriores, la regulación introducida en esta ley no afectará a las diferentes medidas de aplicación extraordinaria a los contratos vigentes de arrendamiento de vivienda y, en particular, la recogida en el artículo 46 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que resultarán de aplicación en los términos en los que se encuentren reguladas.
