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Ayuso anuncia el recurso al TC del Impuesto de Solidaridad

Isabel Díaz Ayuso

la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta mañana en Alcobendas, donde ha presidido el Consejo de Gobierno regional

Por invadir competencias autonómicas, lesionar la seguridad jurídica y violar el principio de igualdad

El Ejecutivo madrileño considera que al aplicarse retroactivamente para 2022 castiga a los ciudadanos que no contaban con esta carga fiscal en este ejercicio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy que su Gobierno recurrirá antes de finalizar enero ante el Tribunal Constitucional el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas creado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso considera que este nuevo impuesto estatal invade las competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.

En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la presidenta madrileña ha explicado que en el recurso se solicitará la suspensión cautelar del gravamen. Se hace, ha señalado, ‘en defensa de la economía española y madrileña frente a las imposiciones ideológicas y fiscales del Gobierno de Pedro Sánchez’. En opinión de la Comunidad de Madrid, lo que se hace es ‘resucitar el viejo Impuesto de Patrimonio y literalmente va contra el ahorro y la inversión’.

Para la presidenta ‘no hay justificación para crear este tributo’ en un momento, además, en el que el Gobierno está logrando una recaudación histórica a base de exprimir los bolsillos de los ciudadanos españoles. En este sentido, Ayuso ha añadido que el recurso ante el TC defiende, no sólo los intereses de los madrileños, sino de todos los españoles porque una política fiscal contraria a las inversiones perjudica a toda España. ‘Si estas inversiones se van de Madrid, se van de España y se van a otros lugares del mundo perjudicando a todos’.

Díaz Ayuso ha explicado que el nuevo gravamen va contra la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100% desde 2008. Sin embargo, el nuevo gravamen introducido por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las CCAA de régimen común invadiendo la gestión autonómica en la materia.

Asimismo, el Ejecutivo madrileño considera que tanto el diseño del conocido como Impuesto de Patrimonio Bis como su tramitación vulneran principios básicos recogidos en la Constitución Española como el principio de igualdad porque su objetivo es, precisamente, dejar sin efecto la bonificación que ya tienen fijada regiones como Madrid o Andalucía.

Además, la Comunidad de Madrid considera que quebranta el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo 2022, ya que todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar -confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación- ahora se van a ver obligados a hacerlo.

En cuanto al procedimiento, la Comunidad de Madrid ha recordado que no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y de un dictamen del Consejo de Estado. Considera así que el Gobierno central ha obviado las advertencias que durante los últimos meses le han hecho tanto los letrados de la Cámara como este último organismo respecto a los procedimientos legislativos.

Por último y no menos importante, el Gobierno regional estima también que se vulnera el principio de lealtad institucional al obligar a las Comunidades Autónomas, sin existir consenso con ellas, saltándose su debate a nivel estatal en la Comisión Mixta de Transferencias de Competencias y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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