Cae un cártel que se repartió la conservación de las carreteras
Multas impuestas por la CNMC a las empresas que formaron el cártel
El grupo ilegal, formado por 12 empresas, consiguió el 71% de las licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018
Gracias a las prácticas ilegales las empresas ahora multadas se adjudicaron obras por valor de 530 millones de euros
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 61 millones de euros (61,28) a doce empresas que formaron un cártel mediante el cual se repartieron de forma ilegal el pastel de la conversación de carreteras del Estado entre 2014 y 2018.
Entre las empresas sancionadas por formar parte del cártel figuran Acciona, ACS, COPASA, Obrascón Huarte, Ferrovial, FCC y Sacyr, algunas de ellas a través de filiales.
Para coordinar sus licitaciones fraudulentas las empresas que formaban el cártel se reunían periódicamente ‘para tomar café’ y establecían los criterios de las ofertas a presentar ante el Ministerio de Fomento a cambio de los servicios de conservación de las carreteras del Estado.
El cártel asignaba una ‘bolsa’ de puntos para cada grupo de licitaciones que las empresas iban consumiendo en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos.
De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo.
Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura.
Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.
El sofisticado sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración. La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección.
La CNMC ha acreditado que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Con este sistema de fraude el grupo de empresas se adjudicó el 71% de las licitaciones que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo cual supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado, lo que da idea del impacto y alcance de este cártel.
La CNMC recibió en octubre de 2017 una información anónima alertando de la posible existencia de un cártel que afectaba al mercado de prestación de servicios de conservación y explotación de carreteras. Tras las oportunas inspecciones en las sedes de varios de las empresas que formaron el cártel en 2018, en julio de 2019 se incoó un expediente sancionador contra 13 empresas y en diciembre de 2020 se incluyó a Ferrovial, que ha participado a través de su filial Ferroser.
La CNMC ha remitido a la Junta de Contratación del Estado esta sanción para que las empresas multadas no puedan ser contratadas por las administraciones públicas durante el tiempo que se estime oportuno.
