Cs denuncia el mangoneo político en el poder judicial
Albert Rivera prefiere que sean los jueces los que nombren a sus ‘directivos’
PSOE y PP pactan los nombres de los componentes del CGPJ
Tendrá mayoría «progresista» y presidente «conservador»
PSOE y PP han acordado los nombres de los magistrados que formarán el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los próximos cinco años.
Al frente del órgano de gobierno de los jueces estará el magistrado de perfil conservador Manuel Marchena, que sustituirá a Carlos Lesmes a partir de diciembre. Esta concesión a los populares se contrarresta con una mayoría de vocales de corte progresista, 11 en total, frente a 9 conservadores.
El pacto, el primero entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado en la presente legislatura, no ha gustado a Ciudadanos (Cs), que denuncia «la vergüenza» que supone que «en pleno siglo XXI se negocien los jueces a dedo entre Ferraz y Génova». Su presidente, Albert Rivera, ha rechazado el acuerdo tras recordar que Pedro Sánchez se comprometió en 2014 a lograr un CGPJ «verdaderamente independiente del Gobierno».
Rivera ha «renunciado a participar en el nombramiento ‘a dedo’ de jueces porque es justo lo contrario que necesita el poder judicial para recuperar su credibilidad». El líder del partido naranja recordó que «la propuesta de Ciudadanos consiste en que los jueces sean elegidos por sus compañeros», ya que «el poder judicial no es un supermercado» y está claro que «necesita una reforma» ha recalcado Rivera.
Esta reacción del presidente de Cs ha sido muy cuestionada por Rafael Catalá, ex ministro de Justicia del PP y quien ha negociado con la actual titular del ramo, Dolores Delgado el «reparto» de asientos en el Consejo. Catalá ha dicho que de acuerdo a las leyes en vigor -artículo 122 de la Constitución Española y 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- es el poder legislativo el que propone los nombres de los vocales del CGPJ. Por eso ha reafirmado Catalá que si Ciudadanos quiere cambiar el sistema de elecciones de los jueces tendrá primero que cambiarse la Ley porque si no se respetan las leyes no estamos en democracia. «Negar el sistema que está actualmente en vigor roza el populismo» ha recalcado Catalá.
«Es verdad que los tres poderes del Estado se relacionan entre sí. El Poder Legislativo controla al Ejecutivo, el Poder Judicial controla todos los poderes, pero también el Poder Legislativo tiene por mandato de la Ley la capacidad de nombrar a los vocales del Consejo», ha continuado el secretario de Justicia del PP.
De todas formas, ha aclarado, «no hay que mezclar Poder Judicial con CGPJ. Los jueces son independientes e ingresan en la Judicatura por un sistema de oposiciones. Y nosotros hemos acordado la renovación del CGPJ, un órgano de Gobierno con funciones disciplinarias y administrativas», ha concluido.
Sea o no en el marco de las leyes, el pacto entre PSOE y PP tampoco ha entusiasmado a los jueces. El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, indicó ayer un matiz que populares y socialistas se han saltado «a la torera». La Ley Orgánica del Poder Judicial» estipula que el presidente del CGPJ debe ser elegido por los vocales. «¿Qué independencia puede existir en el Consejo si antes de que los vocales sean elegidos ya se sabe a quien tienen que nombrar en su primera decisión?», se ha preguntado Prado.
En este sentido, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, la mayoritaria entre los jueces, espera que el anuncio del pacto «no afecte a la apariencia de independencia ni a la credibilidad de la Justicia». Y el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, señaló que «se ha perdido una oportunidad para nombrar a una mujer progresista al frente del CGPJ y del Supremo.
Ajenos a las críticas, en el acuerdo entre PP y PSOE también ha entrado Podemos. Los socialistas permitirán al partido liderado por Pablo Iglesias «situar» en el órgano de gobierno de los jueces españoles al magistrado del caso Gürtel José Ricardo de Prado; a la ex diputada de la formación morada Victoria Rosell; al juez que llevó ante la justicia europea la ley hipotecaria, José María Fernández Seijo, y a la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice. Para escenificar este acuerdo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió ayer en La Moncloa con Pablo Iglesias.
Y a pesar de que los independentistas catalanes se han quejado del nombramiento de Manuel Marchena al frente de CGPJ, lo cierto es que dejará de estar al frente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que es la encargada de dictar sentencia en el caso del golpe independentista en Cataluña. El juicio, que está previsto que se inicie en unos dos meses en el Alto Tribunal, estará presidido ahora por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, de perfil progresista moderado. Será el encargado de juzgar a los golpistas del procés.
