Acaba la instrucción por el brote de listeriosis del verano de 2019
José Antonio Marín Ponce, administrador de Magrudis SL, esposado por la Guardia Civil (Foto: Archivo)
La juez continúa el procedimiento contra siete de los investigados por presuntos delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto con resultado de aborto, lesiones y falsedad
La instructora declara responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla de Juan Espadas por una presunta ‘actuación deficitaria y anormal del servicio público que debe prestar’
¿Se acuerda cuando en verano de 2019 empezaron a morir personas por toda España y varias mujeres embarazas abortaron por comer carne en mal estado comercializada por la empresa Magrudis?
Pues casi tres años después la titular del juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga el brote de listeriosis producido por esa carne ‘podrida’ ha dictado un auto en el que acuerda continuar las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra un total de siete personas investigadas en el proceso.
En concreto, los investigados son José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la empresa Magrudis SL; su mujer, Encarnación Rodríguez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario; Sergio L.G., arquitecto técnico; David M.M., economista y asesor financiero de Magrudis, y María José O.B., inspectora veterinaria municipal.
En un auto notificado hoy miércoles a las partes, la juez acuerda continuar las actuaciones contra cinco de los investigados -José Antonio Marín Ponce, su mujer Encarnación Rodríguez J., sus hijos Sandro José y Mario Marín Rodríguez y María José O.B.-, Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles al Ayuntamiento de Sevilla y a la Compañía de Seguros AXA.
La instructora considera que el Ayuntamiento de Sevilla, regido en aquel momento por el socialista Juan Espadas, debe responder en calidad de responsable civil al considerar que se habría llevado a cabo ‘una actuación deficitaria y anormal del servicio público que se debe prestar por parte’ de dicho Consistorio, y en este sentido analiza la actuación desarrollada por la veterinaria municipal que inspeccionó las instalaciones de Magrudis, quien ‘puntúa a la baja y omite algunas puntuaciones, no recoge muestras de productos, ni comprueba las superficies, ni verifica muestras del ambiente interior, por lo que no comprueba de forma exacta si la instalación reúne las condiciones, a pesar de estar obligada a evaluar todos los apartados del sistema de puntuación, valorando el riesgo potencial, el nivel de cumplimiento, la confianza en la gestión, sistema de autocontrol e historial de la empresa’, lo que ‘implica que no vuelva a realizar ninguna otra inspección, conllevando su posible responsabilidad criminal por los hechos investigados’.
Asimismo, la magistrada acuerda continuar el procedimiento contra Sandro José Marín Rodríguez, José Antonio Marín Ponce y Sergio L.G. por un presunto delito de falsedad en documento oficial, así como contra David M.M., José Antonio Marín Ponce, su mujer Encarnación Rodríguez y sus hijos Sandro José y Mario Marín Rodríguez por un delito leve de defraudación del fluido eléctrico.
La juez acuerda además el archivo de las actuaciones respecto de otros cuatro investigados -trabajadores rasos de la empresa- y da traslado de la causa a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones personadas, para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
En el auto, la juez indica que las actuaciones fueron incoadas en virtud de un atestado de la Guardia Civil, que inició la operación denominada ‘Monocy’ en la que se investigaban una serie de actividades ilícitas mediante las que se ‘pondría en la cadena comercial de alimentos para personas carne procesada con presencia de listeria monocytogenes en concentraciones que la harían inadecuada para consumo humano’ debido ‘a una mala praxis en la manipulación y transformación de los productos cárnicos’, lo que provocó ‘una intoxicación masiva con resultado de muertes, lesiones a fetos con resultados de abortos y lesiones a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía’, derivando así en la emisión de una alerta sanitaria a nivel nacional y europeo por parte de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Salud Pública’.
Esta ‘alerta sanitaria’ centró el brote de listeria en las instalaciones de la empresa Magrudis, asevera la magistrada, que recuerda el informe pericial practicado en las actuaciones para resaltar que ‘las malas prácticas llevadas a cabo’ por dicha mercantil ‘y la falta de consideración a las mínimas reglas de seguridad alimentaria son causas principales y determinantes’ de los hechos investigados.
‘La propagación del brote se debió a la poca transparencia de Magrudis, no comunicando desde el primer minuto los tipos de productos elaborados, tipo de productos distribuidos y lotes de cada uno de ellos (trazabilidad completa y transparente)’, recuerda la juez en base a este informe pericial.
A juicio de la magistrada, ‘el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado, lo que implica que, si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores, como así ha ocurrido, eludiendo todas las obligaciones que le impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes’.
La instructora apunta que los gastos generados por el brote de listeriosis en la sanidad pública -al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena- ascienden a unos 800.000 euros, aproximadamente.
