Málaga y Cádiz, lugares con el litoral más urbanizado

Malgrat de Mar, en Barcelona, fotografiada por Pedro Armestre (Greenpeace)

Greenpeace alerta de que la urbanización en la costa española ha crecido un 57% en los últimos 24 años y de que sólo un 27% está protegida

En 24 años la urbanización en la costa ha crecido un 148% en Castellón, seguida por Granada con un 146% de crecimiento, un 118% Valencia y Cádiz con un 111%

Un estudio de Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad denuncia que las 10 provincias con más costa pública destruida en España son Málaga (con 74,9% destruido), Cádiz (69,1%), Barcelona (68,9%), Valencia (66,7%), Alicante (64,3%), Castellón (47,5%), Girona (43,8%), Tarragona (40,3%) y Huelva (36,9%).

En una rueda de prensa a bordo del barco MY Esperanza de Greenpeace, los «verdes» han señalado a Barcelona, Alicante, Málaga, Cádiz, Pontevedra, Vizcaya, Guipúzcoa, Tarragona y Valencia como las provincias donde más se ha construido en los 10 primeros kilómetros de costa, la franja más codiciada por la industria turístico-inmobiliaria.

Por lo que respecta a dónde ha crecido más la urbanización en la costa en los últimos años, los redactores del informe destacan Castellón, con un 148%, Granada (146%), Valencia (118%), Cádiz (111%) y Almería con 107%. En total, la urbanización en la costa española ha crecido un 57% en los últimos 25 años.

«Los datos indican que no ha desaparecido el ansia por seguir ocupando los primeros kilómetros de costa y los alrededores de los parques naturales», ha declarado Pilar Marcos, responsable en Greenpeace de la campaña Biodiversidad, que achaca a la flexibilización de normativas como la nueva Ley de Costas, la Ley de Impacto Ambiental, la futura Ley del Suelo de Canarias y la indiferencia ante sentencias judiciales, «como los catalizadores de una segunda edad de oro para el ladrillo».

Uno de los principales riesgos que se identifican en el informe es el aumento de la construcción de urbanizaciones e infraestructuras en la costa junto a los efectos derivados del cambio climático y la mayor exposición a inundaciones o a torrentes. Este es el caso de municipios como Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo (Málaga), Empuriabrava (Girona) o Marina de Port d’Aro (Girona) que han quedado amnistiados y fuera de protección gracias a la nueva Ley de Costas y tienen, por ello, un especial riesgo de inundación. Por esto, advierten, la conservación del estado natural de la franja de los primeros 500 metros es esencial, ya que actúa como barrera de protección.

Según la organización ecologista, solo un 27% de la costa española está protegida. Las 10 provincias con más espacio costero protegido son Huelva, con un 61% debido a la presencia del entorno del Parque Nacional de Doñana; Tenerife con un 59,7%; seguido de Las Palmas 51,6%; Baleares 48,8%; Girona 42,7%; Barcelona 30,8%; Región de Murcia 26,3%; Cádiz 26,2%; Tarragona 23,5% y Alicante 19,3%.

En cuanto a las zonas que pueden sufrir en un futuro una alta presión urbanizadora, pues en la actualidad no están protegidas o se encuentran cerca de zonas ya urbanizadas y bien comunicadas a través de carreteras, Greenpeace las localiza en la costa de Águilas y Cabo de Cope (en la Región de Murcia), las áreas adyacentes al delta del Ebro (Tarragona), Barreiros (Lugo), el Cap de Creus (Girona), la costa oriental de Fuerteventura, la costa norte de Gran Canaria, Formentera, Finisterre o el tramo entre Zumaia y Zarautz (Guipuzcoa).

En el informe también se han incluido proyectos urbanísticos costeros que emergieron durante la primera ola de destrucción costera y que han quedado anclados como ejemplo de las desafortunadas políticas de desarrollo urbanístico sin control. Algunos de estos «elefantes blancos» son, a juicio de los ecologistas, el hotel ilegal del Algarrobico (Almería), el Acuario sin abrir del Puerto de Cádiz, las obras paralizadas de Puerto Mayor en la La Manga del Mar Menor (Región de Murcia), el fallido “Parque de la Relajación” en Torrevieja, la abandonada central nuclear de Lemoniz en ruina desde hace 30 años o el puerto exterior de los 1.000 millones de euros de obra en Langosteira (A Coruña).

Para no volver a cometer los mismos errores recomiendan «poner en valor de forma efectiva los espacios naturales protegidos, blindar las zonas que aún se mantienen intactas, exigir el cumplimiento de las sentencias de los tribunales y el cumplimiento de las leyes de manera que se desmantelen las construcciones ilegales y se restaure el espacio que fue destruído; y mantener la calidad del medio ambiente como base para el turismo, que supone el 11,7% del PIB nacional.