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Banco Sabadell deja Cataluña y se va a Alicante

Banc Sabadell

El presidente del Sabadell, Joep Oliu

Caixabank también estudia abandonar la «república» catalana

La Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que muy probablemente realice el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el próximo lunes ha puesto en jaque a los grandes capitales españoles, que no quieren arriesgar ni un sólo euro en la incertidumbre independentista.

Este jueves el consejo de administración de Banco Sabadell ha celebrado una sesión extraordinaria en la que ha acordado trasladar su domicilio social a Alicante, ciudad donde tenía su sede Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad adjudicada al Banco presidido por Josep Oliú a finales de 2011.

Este cambio de sede garantiza a la entidad seguir amparada por las normas del Banco Central Europeo (BCE) en caso de secesión.

En un escueto comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la vicesecretaria del Consejo de la entidad financiera, María José García Beato, ha hecho público el traslado de su sede.

Se espera que Caixabank haga lo mismo en las próximas horas. Celebra este viernes un consejo de administración extraordinario para debatir el traslado, en principio, a Palma de Mallorca.

Otras importantes compañías catalanas también han decidido en los últimos días el cambio de su sede o sopesan hacerlo en breve. Lo anunció esta misma semana la biotecnológica Oryzon y lo ha hecho el consejo de administración de la operadora de telecomunicaciones Eurona, que se traslada de Barcelona a Rivas-Vaciamadrid; también la textil DOGI cuyo consejo de administración ha iniciado los trámites para trasladar su domicilio social a Madrid. El distribuidor odontológico Proclinic Expert también ha decidido trasladar su domicilio social desde Hospitalet de Llobregat a Zaragoza.

En este contexto de fuga de empresas, la agencia de calificación Fitch ha puesto en perspectiva negativa el rating de Cataluña por la «tensión política» generada por el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre que, según advierte, podría derivar en «hechos inesperados» que pongan en riesgo la liquidez de la comunidad autónoma.

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