Artur Mas tiene 15 días para depositar 5 millones por el 9-N
Artur Mas, en su etapa al frente del Govern catalán
Por decisión del Tribunal de Cuentas que le responsabiliza de los gastos públicos en la celebración del 9-N
Un juez de Barcelona investiga el gasto de 6,2 millones de euros en el actual procés del 1-O
El Tribunal de Cuentas fijó ayer una fianza de 5,25 millones de euros para el ex presidente de la Generalitat Artur Mas por el desvío de dinero público para el referéndum del 9 de noviembre de 2014, por el que también responden otros diez cargos de su Govern.
Mas es responsable solidario, como presidente de la Generalitat en 2014 y máximo responsable de las cuentas públicas ese año, de 5,25 millones de euros que han sido malversados.
Junto a Mas, los ex consellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación.
Los afectados disponen de 15 días para depositar la fianza, y de no poder ejecutarla, se les embargarán los bienes. La fianza tiene la peculiaridad de ser «solidaria», de tal manera que si alguno de los encartados no puede reunirla, los demás habrán de responder por él.
El ex presidente de la Generalitat Artur Mas tildó la decisión del Tribunal de Cuentas como «una auténtica aberración» que, en su opinión, sólo tiene el propósito de «intimidar» en el marco de la «campaña de miedo que comanda el Estado».
Societat Civil Catalana, la asociación que junto con Abogados Catalanes interpuso la denuncia ante el Tribunal de Cuentas por derivar recursos públicos al 9-N, la responsabilidad del total del importe se le exige a Artur Mas, mientras que a Rigau se le exigen 3 millones, a Homs 2,1 millones, y a Ortega 800.000 euros y que se trata de «una responsabilidad solidaria».
Manuel Zunón, de Abogados Catalanes por la Constitución, ha explicado que se trata de «un acta de liquidación provisional», por lo que a partir de ahora empieza a aplicarse el procedimiento y «en el caso de no cumplir con el plazo del pago se procederá al embargo preventivo de bienes de los ex dirigentes políticos catalanes».
Y es que se ha detectado que alguno de los gastos del 9-N proviene de partidas estatales, por lo que es obligatorio que también intervenga la abogacía del Estado. En este sentido, el importe se ha fijado «provisionalmente», es decir, que «se pueden realizar liquidaciones complementarias» teniendo en cuenta que a raíz de la documentación facilitada «existen nuevas responsabilidades que no se sabían anteriormente».
