Arranca el curso escolar más desigual de la historia de España
El mercado del libro de texto en el periodo 2008-2018
Esta semana comienzan las clases para los alumnos de Infantil y Primaria de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco
Hay 51.528 libros de texto distintos
El Partido Popular exige reforzar la Alta Inspección educativa para proteger la Constitución y la lengua común del Estado
Y el Defensor del Pueblo ha recibido más de 770 quejas en materia de educación en los primeros ocho meses del año
Que todos los españoles no son iguales se aprende desde el colegio.
Este lunes empiezan el curso escolar los niños de Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco. Y todos ellos estudiarán con libros distintos, con manuales con contenidos tan diversos como comunidades autónomas hay en España.
La diferencia en el calendario escolar es una anécdota comparada con los 33.222 títulos en soporte papel en todas las lenguas oficiales, de los que 11.381 corresponden a libros del alumno, que han puesto en las librerías la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE). En total, las editoras han puesto a disposición de los padres españoles 51.528 títulos y 18.308 ediciones digitales.
El informe El libro educativo en España – Curso 2019-2020, elaborado por ANELE y que puede leer aquí, desvela que en los tres últimos años, se han publicado hasta 450 normas (leyes, decretos órdenes y resoluciones) que afectan, de manera directa o indirecta, a la edición de contenidos educativos. La cifra aumenta hasta las 1.820 normas si se analizan los últimos diez años.
Esta «dispersión» de las políticas educativas conlleva “diferentes currículos, diferentes asignaturas troncales, específicas y de libre configuración» y, por consiguiente, que los currículos de las distintas CCAA tengan cada vez menos elementos comunes entre sí.
Esta desigualdad en los contenidos educativos «que deriva en diecisiete sistemas educativos no sólo distintos sino cada vez más descoordinados entre sí”, como señala el informe, va acompañada de otra diferencia o discriminación, la económica.
Las políticas de dotación de recursos de los centros y de las ayudas a los alumnos para la compra de libros y material escolar, «tan variados y complicados como comunidades autónomas hay”, están provocando una desigualdad más que evidente entre los alumnos, pues no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a los mismos recursos.
Así, un 54% de alumnos reciben algún tipo de ayudas para comprar sus libros de texto, según los datos facilitados por las Comunidades Autónomas. La mitad de ellos participan en programas de ‘gratuidad total’. Efectivamente, el informe incide en que las políticas de ayudas a las familias para los libros de texto hacen que, según los datos facilitados por las Comunidades Autónomas (en sus boletines oficiales y a través de los Medios de Comunicación) 2.647.174 alumnos de Primaria y ESO -aproximadamente, el 54% del alumnado de la enseñanza obligatoria-, reciben algún tipo de ayuda para los libros de texto que va desde alguna aportación económica a la gratuidad total, que llega aproximadamente a la mitad de quienes reciben alguna ayuda. Las Comunidades y el Ministerio de Educación aportan para estas ayudas cerca de 200 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar las aportaciones de otras Administraciones (Diputaciones, Cabildos, Ayuntamientos…).
Ayudas a las familias en el curso 2019-2020. Las cifras de Navarra, Cataluña y País Vasco son del curso pasado
Dejando a un lado las dificultades de las editoriales para «multiplicar su oferta con ediciones cada vez más limitadas al territorio y el consiguiente encarecimiento de los costes” y de los problemas de los profesores ante la creciente «tasa de obsolescencia de los libros y recursos didácticos», en el curso 2018-2019 la facturación en libros de texto al consumidor final fue de 793,60 millones de euros. Esto, si se tiene en cuenta el total del número de alumnos -8.090.558- supone una media real de 98,10 euros de gasto por alumno, dependiendo, por supuesto, de donde vivan. Pero en total y sumando el otro material escolar (mochilas, uniforme, etc.) el desembolso de las familias podría llegar a unos 1.500 euros por hijo y curso.
El informe de ANELE resalta que la renovación de los libros, estipulada para cada cuatro años, se está haciendo en la práctica cada cinco, seis o incluso más años. Y que, actualmente, sólo Andalucía está cumpliendo el calendario de renovación de libros y recursos didácticos y cuenta con el presupuesto necesario para realizarla. Lo que no implica nada si se atiende a la cifra de paro que asola la región andaluza, la tercera más alta de España.
«El ritmo de adaptación de los materiales escolares debería ser el mismo para todos los alumnos, para que el aprendizaje, ya bastante influido por las condiciones socioeconómicas, no se vea empeorado por la obsolescencia de los recursos didácticos”, advierte el estudio.
La mayoría de las comunidades autónomas no cuentan en su normativa con un calendario de renovación y/o dejan en manos de los colegios la decisión de adoptar nuevos proyectos, eso sí, sin garantizarles una dotación económica suficiente para hacer frente a las compras. Esto supone, en la práctica, que opten por mantener los existentes, aunque se encuentren obsoletos. Todo ello incide en la desigualdad de los alumnos, incluso en una misma comunidad autónoma.
Y si todo lo apuntado no fuese ya suficiente desgracia social, el Partido Popular exige reforzar la Alta Inspección educativa para proteger la Constitución y la lengua común del Estado. A través de una una Proposición no de Ley registrada en el Congreso los populares abogan por una nueva normativa que defina, de manera precisa y urgente, enseñanzas comunes en sus propios términos que han de recoger los libros de texto; pide garantizar la neutralidad política e ideológica de los centros docentes y preservarlos como lugares libres de adoctrinamiento; y que la Alta Inspección de Educación pueda actuar de forma rápida y eficaz y tener capacidad sancionadora si se vulnera el ordenamiento jurídico-constitucional en los colegios.
Pinche sobre la imagen para ver cuántos libros de texto se han editado para este curso
En este sentido, pide garantizar la neutralidad política e ideológica de los centros docentes -en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1985 del Derecho a la Educación- con el fin de preservarlos como lugares libres de adoctrinamiento.
La Proposición no de ley insta al Gobierno a que promueva las reformas legales necesarias para impedir la fractura del sistema educativo con una Alta Inspección que pueda comprobar que los libros de texto y otros materiales didácticos se adecuan a las enseñanzas comunes dentro del proceso ordinario de inspección. Y que los estudios cursados son acordes a lo establecido en la legislación del Estado, también a efectos de la expedición de títulos, académicos y profesionales, válidos en todo el territorio nacional.
Y para terminar, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, dice haber recibido 776 quejas en materia de educación en los primeros ocho meses del año.
Deficiencias en las instalaciones de los colegios o las dificultades para acceder a becas y ayudas para servicios complementarios como el transporte o el comedor, son algunas de las preocupaciones más habituales entre padres, madres y alumnos. También son motivo de queja los problemas de escolarización en edades tempranas y las dificultades para acceder a los libros de texto en algunas comunidades autónomas.
Fernández Marugán recuerda la necesidad de incrementar las inversiones para mejorar y mantener las instalaciones escolares. Igualmente, considera que es imprescindible un sistema de becas y ayudas al estudio “sólido y eficiente” para evitar que las condiciones personales, culturales, económicas y sociales condicionen el acceso a la educación. En este sentido, la Institución lleva años insistiendo en la necesidad de que la concesión y el ingreso de las becas se produzcan con carácter previo al inicio del curso o de los estudios para los que esté destinada la ayuda…
