Aprobado el pacto «histórico» contra la violencia de género
La presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela, presenta el Pacto de Estado en el Congreso
Ha sido calificado como acuerdo histórico por la mayoría de los grupos políticos
El informe preliminar fue consensuado el pasado mes de julio en Comisión tras siete meses de trabajo
El Pleno del Congreso ha adoptado este jueves el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
El acuerdo ha salido adelante con el voto a favor (268 votos) de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto el de Unidos Podemos, que se ha abstenido.
Tras el acuerdo casi conjunto el documento recoge 214 medidas para erradicar el maltrato, basadas en las propuestas formuladas por 66 expertos y expertas en violencia contra las mujeres -cuyos testimonios se incluyen en el texto aprobado hoy- y de las formuladas por los Grupos Parlamentarios.
Al debate asistió Ruth Ortiz, la madre de los hijos asesinados por su ex marido, José Bretón. Su presencia se debe a que en el pacto se contempla que las madres de niños asesinados por el maltratador serán consideradas también víctimas de violencia de género. Así, este daño a través de terceros «por interpósita persona» será considerado una fórmula más de violencia contra la mujer, ya que en numerosas ocasiones es la consecuencia final de una violencia previa sobre la madre.
En el texto se plantean propuestas en todos los ámbitos con un incremento de la dotación económica de 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años, desglosados en 100 millones de euros adicionales a entidades locales, 500 a Comunidades Autónomas y otros 400 a competencias estatales contra la violencia de género dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
El Congreso plantea que el presupuesto de 2018 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se incremente un 20 por ciento, y otro 15% anual de 2019 a 2022. Además, los Presupuestos Generales del Estado destinarán a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios, y a las Comunidades Autónomas 100 millones de euros más al año para el desarrollo o ampliación de medidas recogidas en este pacto.
Se han aprobado algunos de los votos particulares presentados por las formaciones políticas. En uno de los planteados por Unidos Podemos (que no ha apoyado ni así el texto en la votación final) se acuerda que la Inspección de Trabajo pueda sancionar a las empresas que, obligadas por ley a tener un plan de igualdad, no lo realicen.
En otro de estos votos particulares se abordan los matrimonios forzosos como otra forma más de violencia machista y se reclama que la nulidad del matrimonio, la petición de divorcio, las pensiones alimentarias y la custodia de los hijos sean realmente efectivas.
Para la «ruptura del silencio» y la prevención, el Congreso reclama un pacto social y político en educación que refuerce valores igualitarios y prevenga la violencia. En este sentido, la Inspección Educativa incluirá nuevos indicadores de seguimiento en los protocolos contra el acoso escolar con el fin de identificar posibles víctimas de esta lacra entre el alumnado. Además, se incorpora al Movimiento Feminista como materia de estudio en los libros de texto.
En el mismo sentido, el acuerdo alcanzado persigue llevar la lucha contra el machismo a los más jóvenes a través de campañas en las herramientas tecnológicas de la información. También se quiere implicar a los medios de comunicación y de publicidad en la no difusión de mensajes e ideas sexistas así como la puesta en marcha de un Código de Publicidad no Sexista.
Incluye también la lucha contra la apología de la violencia de género en acontecimientos deportivos y en el ámbito laboral. En este contexto, incluye medidas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, y determina que las empresas deberán implantar propuestas contra el acoso laboral y por razón de género, abordando tal cuestión en la normativa de riesgos laborales.
En el ámbito de la asistencia, ayuda y protección de las víctimas, las medidas giran entorno a la adecuación y dotación de los juzgados de violencia sobre la mujer, la coordinación de las órdenes de protección, así como mejorar el sistema de vigilancia electrónica.
También se prevé que los insultos y calumnias en redes sociales no sean considerados delitos leves.
Para intensificar la asistencia y protección de los menores se propone garantizar una prestación a todos los huérfanos y huérfanas por violencia de género; estudiar la situación de los menores en cuanto a custodia y régimen de visitas; prohibir la visita al padre en prisión por violencia de género; reforzar la asistencia a hijos e hijas de víctimas mortales, y establecer un sistema de atención pedagógica y educativa son algunas de las medidas planteadas en este ámbito.
Entre las medidas económicas, se contempla que las mujeres víctimas de violencia de género que accedan a la renta de reinserción por esta circunstancia nunca podrán cobrar una retribución menor al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Dicha prestación podrá ascender hasta el 133% del SMI en caso de que la receptora tenga a tres o más familiares a su cargo.
Las consecuencias de la violencia de género necesitan ser «publicadas» para que la sociedad tome conciencia definitivamente de este grave asunto. Las estadísticas señalan que los familiares de las víctimas siguen dándoles la espalda. Por eso se impulsa el pacto propone establecer la obligación legal de obtener y prestar datos estadísticos detallados y secuencias, con la periodicidad que se establezca, e impulsar la incorporación de indicadores específicos que permitan conocer el número de niños y niñas menores y géneros que han sido víctimas, así como las personas con diversidad funcional-discapacidad.
Y para vigilar que todo esto se cumple se propone crear una Comisión Permanente no legislativa en el Congreso, a la que la delegación del Gobierno deberá remitir informes anuales sobre la aplicación y desarrollo del plan nacional de sensibilización y prevención.
