Aprobada la ley que prohíbe condonar deuda a los partidos
Soraya Saénz de Santamaría
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos, que, al reformar tres leyes -Financiación de Partidos, Partidos y Tribunal de Cuentas-, aumentará el control, la fiscalización, la transparencia y las obligaciones de los partidos políticos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la norma prohíbe las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica, así como las condonaciones de deuda por entidades de crédito.
A partir de que la ley entre en vigor, las entidades de crédito no podrán efectuar condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos políticos. A estos efectos se entiende por condonación la cancelación total o parcial del crédito o de los intereses vencidos, o la renegociación del tipo de interés por debajo de los aplicados en condiciones de mercado.
«Las donaciones indebidas que reciban tendrán que ser devueltas o ingresadas en el Tesoro. Se obliga a todos, y no sólo a los que perciban subvenciones, a presentar sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas». Además, Santamaría ha señalado que los partidos tendrán que publicar en sus páginas web, junto al balance y cuenta de resultados, los créditos pendientes de amortización y las donaciones de importe superior a cincuenta mil euros.
Asimismo, la futura ley regula la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido, que comparecerá ante el Parlamento una vez emitido el correspondiente Informe por parte del Tribunal de Cuentas. Además, establece la obligación de fijar un procedimiento normalizado de contratación por parte de los partidos.
Soraya Sáenz de Santamaría ha avanzado que si los partidos políticos no adaptan o presentan sus estatutos en el plazo que se determine podrán eliminarse del registro. Al respecto, ha recalcado que esta circunstancia no debe interpretarse como un supuesto de ilegalización, sino como la vía para que no estén registrados partidos sin ningún tipo de actividad.
