1.961 profesores sufrieron casos de violencia el curso pasado

Así están las cosas…

El número de docentes que acudió al servicio de Defensor del Profesor desde su puesta en marcha, en noviembre de 2005, se eleva a más de 30.000

El curso pasado, 1.961 profesores fueron víctimas de violencia o sufrieron algún conflictos grave en las aulas. Es lo que demuestra un informe del Defensor del Profesor que refleja que de todos los docentes que el curso 2015/2016 denunciaron algún tipo de agravio, el 39% daba clases en Primaria, el 35% en Secundaria, el 6% en Infantil, el 3% en la FP Básica, y el resto a otros ciclos formativos.

Es decir, los problemas están en Primaria y Secundaria, donde hay niños desde los 6 hasta los 16 años. Parece difícil de entender que un niño de 6 ú ocho años pueda provocar «maltrato» a un profesor. Por eso hay que tener en cuenta a los padres.

Los datos que maneja el Defensor del Profesor revelan que los profesores tienen en los padres de sus alumnos auténticos «enemigos». En el el 50% de los «conflictos» entre padres y profesores las acusaciones carecen de fundamento, en el 29% de los casos hay acoso y amenazas y en un 18% denuncias; en un 8% los progenitores presionan a los profesores para cambiar las calificaciones escolares de sus hijos y en el 2% de los casos se llega a agredir directamente al profesor.

Tanto es así, que la Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza (ANPE) destaca que, aunque ha habido una reducción general del número de casos, ha aumentado el porcentaje de acusaciones carentes de fundamento hacia los profesores y el de acoso y amenazas de padres a profesores.

Todo esto provoca serias consecuencias en la salud mental de los docentes. De hecho, el 57% de los casos presentaba ansiedad, el 7% depresión y el 9% estaba en situación de baja laboral. Y claro, un profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación.

En este sentido las bajas laborales generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. La conclusión: el daño lo producen unos pocos, pero las consecuencias se extienden a todos los alumnos con los que trabaja el profesor agredido.

Así la cosas, el Defensor del Profesor propone la elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que debe contar con:

1.- Un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz y erradicación de los problemas en los centros educativos.

2.- La reactivación del Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar.

3.- El cumplimiento de los Decretos de convivencia, así como las Normas de conducta establecidas en los centros.

4.- El desarrollo reglamentario en todas las Comunidades Autónomas del artículo 124 de la LOMCE que recoge la consideración de autoridad pública de los docentes.

5.- Un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar.

6.- Garantía de protección jurídica al profesorado, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que deriven de su ejercicio profesional.

7.- Asistencia psicológica gratuita a los profesores y reconocimiento de la ansiedad, la depresión y el estrés como enfermedades profesionales de los docentes siempre que se deriven de situaciones de acoso.

8.- Tratamiento rehabilitador para los agresores de docentes.

Ante este «éxito escolar y social», ANPE considera necesario que este Plan sea liderado y coordinado por el Ministerio de Educación y que se aborde en la Mesa Sectorial de Educación, que aúna a los responsables de Educación de todas las Comunidades Autónomas y a los principales agentes involucrados en la Educación.