Unauto VTC culpa a Calvet de destruir más de 3.000 empleos

El presidente de UNAUTO culpa directamente a Calvet de miles de despidos

El nuevo decreto que regula las VTC provocará uno de los mayores despidos colectivos de la historia de Cataluña

La mitad de los conductores de VTC despedidos son mayores de 45 años con grave riesgo de exclusión laboral

Mientras, en Madrid los taxistas esperan, concentrados en la Puerta del Sol, una respuesta de la Comunidad de Madrid a su última propuesta

Unauto VTC, la asociación que representa al 90% del sector de vehículos con conductor en España, ha advertido hoy que el decreto aprobado por la Generalitat de Cataluña para «blindar el monopolio del taxi» supondrá el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la historia reciente de Cataluña.

En concreto, la aprobación de la nueva regulación, que imposibilita en la práctica operar a empresas como Uber y Cabify, supondrá de manera directa e inmediata, la destrucción de los más de 3.000 empleos que genera el sector de VTC en la región.

Con el agravante de que la mitad de estas personas son mayores de 45 años, personas con cargas familiares y grave riesgo de verse excluidas del mercado laboral.

Las principales empresas del sector de la VTC en Cataluña han empezado a presentar esta mañana, fecha de entrada en vigor del Decreto, los correspondientes ERE ante la autoridad laboral, por la imposibilidad de seguir operando en Cataluña bajo la nueva regulación.

Las grandes empresas del sector en la comunidad gobernada por los independentistas, Vector Ronda, Moove Cars y Auro, han iniciado los procesos de resolución de los contratos laborales de sus 1.000, 750 y 330 trabajadores respectivamente. Así lo han confirmado sus representantes, socios de Unauto VTC Cataluña.

«Con el Decreto de Calvet -conseller de Territorio y Sostenibilidad- se destruye todo el tejido industrial del sector VTC catalán. Estamos hablando de decenas de empresas y muchos autónomos titulares de autorizaciones VTC que ven desaparecer su derecho a ganarse la vida dignamente. Y todo porque Calvet ha cedido al chantaje del taxi», sostiene Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC.

«Además, Cataluña verá mermada sus arcas públicas en alrededor de 120 millones de euros al año y unos 310 millones de aportación al PIB de la región; y tendrá que hacer frente a reclamaciones por más de 1.000 millones de euros por parte de los titulares de autorizaciones VTC», ha contabilizado Martín.

El empresario lo considera «un desastre económico y laboral» que va en detrimento de todos los catalanes. Y que manda una señal clara a Europa y al mundo tras las protestas que los taxistas protagonizaron en Barcelona hasta conseguir una ley a su gusto: «En Cataluña se puede secuestrar una ciudad si quieres que cambien la ley a tu favor». En este sentido, Martín se ha preguntado ¿quién se va a atrever a invertir en una Comunidad dónde reina la arbitrariedad y la incertidumbre regulatoria y jurídica?.

Para finalizar, Eduardo Martín ha acusado a Calvet de «hacer desaparecer al sector de la VTC de Cataluña» y de permitir con su ley «que el taxi no tenga a nadie con quien coexistir ni competir, como siempre fue su único objetivo».

Por su parte, el presidente de Unauto en Cataluña, Josep María Goñi, ha denunciado que les ofrecieron trabajar «irregularmente». En concreto, ha señalado que responsables de la Generalitat se comprometieron a que todas las sanciones de la Guardia Urbana de Barcelona que llegasen por no cumplir la precontratación establecida con un mínimo de 15 minutos de antelación «irían al cajón».

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha negado tales acusaciones y ha dicho que «Uber y Cabify se van, pero las licencias VTC se quedan», por lo que otras empresas podrán usarlas adaptándose a la nueva normativa.

Mientras, en Madrid los taxistas esperan, concentrados en la Puerta del Sol, una respuesta de la Comunidad de Madrid a su última propuesta, en la que han renunciado a incluir en sus exigencias que el Gobierno regional fije un tiempo y distancia mínimos para poder contratar servicios VTC. A cambio abren la posibilidad de que sea el Ayuntamiento el que regule tiempo y distancia. Lo que sí mantienen son las condiciones para la captación de clientes y el regreso a base de los coches tras dejar a un usuario.

Con este nuevo texto, esperan «ponérselo fácil» al gobierno de Ángel Garrido, al que el presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, califica de «prepotente». El regidor madrileño rechazó la primera propuesta del sector por «radical». «Quitamos el tiempo y quitamos la distancia, que la ponga él», ha ofrecido Julio Sanz, máximo responsable de la Federación profesional del Taxi de Madrid.

Al eliminar los requisitos de precontratación y distancia los taxistas esperan abrir «una vía de negociación» y acabar con la huelga indefinida que iniciaron el pasado 24 de enero. Como ha explicado Sanz, en la nueva propuesta, que puede leer aquí, se ha suprimido el cómputo de tiempo y kilómetros que era «el principal problema para la Comunidad de Madrid».

Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, compareció ayer en el Congreso, donde defendió su decisión de transferir a comunidades y ayuntamientos las competencias sobre transporte urbano. Además, Ábalos responsabilizó al anterior Gobierno del PP de «inundar» las calles de licencias de VTC.

Ante las críticas de los grupos de la oposición, que le reclamaron que intervenga «ya» en el conflicto, aseguró que no se está «desentendiendo» y recordó que el Congreso aprobó el proyecto de ley. Insistió en que la norma fue «negociada» y que los partidos tuvieron ocasión de presentar enmiendas. Y en eso tiene razón Ábalos. Fue el 25 de octubre del año pasado cuando el Pleno aprobó el Proyecto de Ley por el que se modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.

Sea como sea, los taxistas han anunciando que se unirán a la manifestación sobre pensiones que tendrá lugar este sábado 2 en Madrid organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. «Este movimiento también nos afecta, ya que queremos jubilarnos en el taxi, por eso animamos a la gente a que se sume a la manifestación», ha indicado Julio Sanz, presidente de la Federación profesional del Taxi de Madrid.