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Los sindicatos no creen en la reforma de las pensiones

Fátima Báñez

La ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez

Báñez dice que en España ya nunca se van a congelar las pensiones y UGT asegura que los pensionistas perderán entre un 20% y un 28% de poder adquisitivo

La reforma de las pensiones que hoy ha presentado al Consejo de Ministros la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no convence en absoluto a los sindicatos. Si bien la ministra ha defendido hoy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo, que los  objetivos del anteproyecto son «garantizar la confianza, la tranquilidad y la certidumbre a los pensionistas de hoy y de mañana«, la Unión General de Trabajadores (UGT) cree que únicamente producirá la disminución inmediata y continuada de la cuantía de las pensiones, lo que provocará un deterioro en el nivel de vida de los pensionistas. Sin ir más lejos, el sindicato cifra entre el 20% y el 28% la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

Pero Báñez ha señalado que «la columna vertebral del sistema de pensiones español es la solidaridad entre diferentes generaciones de españoles«, y por ello el factor de sostenibilidad pretende garantizar a los pensionistas de diferentes generaciones que, a contribuciones iguales, prestaciones similares: «Esa es la clave del factor de sostenibilidad que garantizamos».

El Gobierno, ha afirmado la ministra, quiere asegurar un sistema público de pensiones capaz de hacer frente a los retos económicos y ha explicado que el nuevo índice de revalorización no sólo tiene en cuenta la inflación «sino también  la situación económica del país en cada momento». En este sentido, ha insistido en que «este nuevo índice de subida de las pensiones las blinda de congelaciones a futuro. En España ya nunca se van a congelar las pensiones, estaremos hablando cada año de cuánto van a subir». Fátima Báñez ha señalado que cuando la economía vaya mal «las pensiones subirán un 0,25% al menos y cuando al situación de normalidad económica llegue a nuestro país las pensiones no sólo subirán lo que el IPC, sino el IPC más 0,25».

Pero que el anteproyecto desvincule las pensiones del IPC y contemple un nuevo índice de revalorización ajustado a los ingresos y gastos del sistema, no gusta a los sindicatos. UGT pide su retirada porque hay un acuerdo vigente consensuado en 2011 por los interlocutores sociales y el Gobierno, cuya vigencia comenzó este año, que garantiza la sostenibilidad del Sistema en el corto y medio plazo. Según el sindicato, lo dos elementos sobre los que rota la reforma, el factor de sostenibilidad (denominado, Factor de Equidad Intergeneracional por el Informe de la Comisión de Expertos) y el índice de Revalorización de las Pensiones (lo que los expertos denominaron “Factor de Revalorización Anual”), van en contra del actual sistema de pensiones. «Quieren modificar las reglas para la revalorización de las pensiones, desvinculándola del IPC y acomodando la misma a la evolución de la situación financiera del Sistema«.

Por el contrario, Báñez defiende que el nuevo índice es «más completo y global. La propuesta es que las pensiones no se congelen nunca y que suban siempre en función de las circunstancias económicas y de lo que el país se pueda permitir. Además, se elimina la discrecionalidad política y se garantiza la racionalidad del sistema».

UGT explica que, en un supuesto estándar en el que los precios crecieran el 2% de media, por cada año de recesión se podría llegar a perder un 1,75%, mientras que en los años de expansión sólo se recuperaría el 0,25%. Es decir por cada año de recesión se necesitarían 7 años para recuperar el poder adquisitivo perdido. El sindicato exige, específicamente, la retirada de este Índice de Revalorización de Pensiones, incluida en la propuesta del Gobierno.

«En definitiva», argumentan los representantes de los trabajadores, «la aplicación conjunta de estos dos factores propuestos por el Gobierno (Factor de Sostenibilidad e Índice de Revalorización Anual) traerá como consecuencia que el valor real de las pensiones tenderá a disminuir, particularmente en los años de depresión, sin que se vaya a recuperar la pérdida de valor adquisitivo en la fase de recuperación. Como también lo hará la tasa de sustitución de la pensión (la relación porcentual entre la cuantía de ésta y la del salario que se cobraba antes de pasar a la situación de pensionista)».

Para evitar los efectos dañinos de esta propuesta del Ejecutivo sobre los actuales y futuros pensionistas, el sindicato propone aumentar los recursos destinados al pago de las pensiones e incrementar las aportaciones públicas por la vía de la financiación tributaria.

A partir de ahora, esperan meses de duras negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la voluntad del Ejecutivo es «escuchar y tomar en consideración» todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones; y la ministra de Empleo, «está abierta al diálogo y a las aportaciones que puedan hacer los agentes sociales y políticos». El Gobierno abrirá un periodo de negociación para poder incorporar al texto propuestas que lo enriquezcan.

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