El Govern exigirá 1.317 millones a España en los tribunales
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, asegura que el dinero es de los catalanes
El Govern de Quim Torra exigirá judicialmente al Gobierno el pago de los atrasos de las financiación autonómica
La Generalitat de Cataluña llevará al Gobierno de España ante los tribunales para reclamarle el pago de 874 millones de euros correspondientes a los adelantos de financiación pendientes del ejercicio 2019 que no se han hecho efectivos porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en funciones.
En puridad, el Govern reclama a la Hacienda Pública 1.317 millones de euros derivados de la mejora de la recaudación del ejercicio de 2019 y de una deuda pendiente del IVA que el ministerio de Hacienda debía transferir a la Generalitat este año.
El vicepresidente del Gobierno catalán y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, ha explicado que «es dinero nuestro, que nos corresponde por la estricta aplicación de la ley y que nos están reteniendo de forma irregular».
En una comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament, Aragonés ha avanzado que el acuerdo de Ejecutivo de Quim Torra para presentar el recurso contencioso-administrativo se aprobará el próximo martes.
Aragonés ha explicado que la «interinidad» del Gobierno y «el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez» han hecho que el Ejecutivo en funciones esté incumpliendo sus obligaciones con las comunidades autónomas. «Estamos hablando de 9.000 millones de euros que el Gobierno español ha ingresado, que no le corresponden y que tiene retenidos», ha afirmó el vicepresidente regional, en alusión a los impuestos que el Estado recauda y después transfiere parcialmente a las comunidades a través del sistema de financiación. «Se demuestra que, más que ‘quien paga manda’, en materia de Hacienda ‘quien cobra manda, y quien cobra es el Estado», ha espetado.
De estos 9.000 millones de euros, la deuda que corresponde a Cataluña se eleva a 1.317 millones, que incluyen 874 derivados de la mejora de la recaudación tributaria del año 2019, «y que, por tanto, los ciudadanos de Cataluña ya hemos pagado», ha presumido Aragonés. El resto, 443 millones de euros, provienen de un cambio normativo en la gestión del IVA que Hacienda introdujo en 2017 y que provocó una pérdida para las Comunidades Autóomas equivalente a la recaudación de un mes. Esta deuda se debería haber devuelto el año 2019, con la liquidación del ejercicio 2017.
«Les avanzo que llevaremos al Gobierno a los tribunales para que se paguen los recursos de los adelantos de financiación del año 2019 que son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña, que nos corresponden por ley y que están reteniendo de forma irregular desde nuestro punto de vista», ha anunciado Aragonès en el Parlament.
«Nos dicen que el Gobierno está en funciones y que por eso no puede transferir los recursos que nos corresponden por el cumplimiento estricto de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), pero sí que nos puede pedir por carta que recortemos en prótesis de cadera, o puede hacer contratos militares por valor de 2.300 millones de euros», ha lamentó Aragonés, que también ha criticado que el Gobierno español no haya cumplido el compromiso de modificar al alza el objetivo de déficit de 2019 (fijado en el 0,1%),» manteniendo la misma política que el PP «.
«Un Estado donde los territorios no pueden tener recursos porque el Gobierno central está en funciones no es un Estado descentralizado ni federal», ha concluido el consejero catalán, no sin antes animar a todos los gobiernos autonómicos a unirse a Cataluña en su demanda ante los tribunales contra España.
Cataluña es la región que más se beneficia de la financiación estatal
