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España está en el puesto 30 de los 37 países desarrollados analizados
Este año España ha retrocedido cuatro puestos en el ranking de la Tax Foundation
España es uno de los países desarrollados con mayor presión fiscal con un 12% por encima del promedio de la UE
España fue el país de la OCDE que más subió la presión fiscal en 2020 [2]
España tiene un modelo tributario obstruccionista que entorpece el desarrollo y el progreso socioeconómicos.
Tanto es así que España se ha situado en la posición 30 del total de los 37 países analizados en el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de los países de la OCDE.
El informe de 2021 elaborado por la Tax Foundation de Estados Unidos presentado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) [3] señala que España ha perdido cuatro puestos respecto a la posición 26 que ocupaba en 2020. Y la posición española puede empeorar aún más si el Gobierno continúa aplicando más y más subidas de impuestos.
El informe del IEE descubre que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende compensar la reducción de la recaudación tributaria causada por el descenso en la actividad económica introduciendo nuevos impuestos o reformando los existentes, con especial hincapié en la tributación empresarial.
Los analistas del IEE remarcan que es todo lo contrario que están haciendo las principales economías de la OCDE que han procedido a bajar impuestos para no prolongar las crisis y ralentizar la vuelta al crecimiento.
Esta distinta forma de encarar la crisis en una economía globalizada podría deslocalizar inversiones, producir una fuga de contribuyentes o situar en desventaja competitiva a los españoles.
El IEE ha desarrollado, a partir del ICF un indicador denominado Indicador de presión fiscal normativa, entendida esta como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga. En 2021 dicho indicador para España se sitúa en 112,8 puntos, es decir, un 12,8% más elevada que la media de la UE, y también mayor que los 110,5 puntos del año 2020, donde soportaba una presión fiscal normativa un 10,5% superior a la del promedio de la UE. La situación de España es también un 12% peor a la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 100,8 puntos.
Analizando el indicador más habitual, el de presión fiscal medida como recaudación sobre PIB, lo cierto es que, teniendo en cuenta el efecto de la economía sumergida, lo que los datos sugieren es que en España se recauda el 35,4% del PIB total del país, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad, dado que el 22% del PIB es economía sumergida.
Por tanto, la presión fiscal efectiva para los que contribuyen es del 44,6%, similar a la del conjunto de la UE. Si se mantuviese esta presión fiscal efectiva para los que contribuyen, pero se lograse que la economía sumergida se redujese a unos niveles similares a los de la UE, es decir del 13%, entonces la presión fiscal en España se podría elevar hasta niveles del 40%, ratio muy similar a la actual presión fiscal de la UE, que está en el 40,3%.
Dicho de otro modo, si en lugar de que en la aportación a la tributación participe sólo el 78% de la actividad, se pudiese reducir la economía sumergida para que contribuyese el 87% de la actividad (13% de economía sumergida, como en la UE), la recaudación tributaria podría llegar a aumentar más de 4 puntos del PIB sin necesidad de subir los impuestos. Si miramos el esfuerzo fiscal, apreciamos que España realiza un esfuerzo un 8,1% superior al de la UE, que ya de por sí es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE.
En España, los incrementos tributarios a familias y empresas se justifican en una diferencia de presión fiscal con la media de la UE. Sin embargo, según los datos de Eurostat analizados en el informe la proporción de recaudación que en España procede de las empresas es considerablemente superior a la media europea, ya que los ingresos públicos que aportan las empresas con respecto al total son del 31,9%, mientras que la media de la eurozona es del 25%.
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 27,2% más elevada que la media de la UE, y un 22,2% superior al del promedio de la OCDE, produciendo un sensible empeoramiento frente a 2020, donde ocupaba la posición 28 de los 36 países analizados, mientras que en 2021 ha descendido hasta la posición 32 de un total de 37 países.
Respecto a la imposición patrimonial la situación de España es aún peor; en este caso, la posición de España es un 40,8% peor que la de la UE, y un 38% menos competitiva que el promedio de la OCDE.
En cuanto a la imposición sobre la renta de las personas físicas, hemos de señalar, primero, que su efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social (cuña fiscal) es, en España, del 39,3% en 2020, lo cual significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,7% del coste laboral. En relación con la cuña fiscal, nos situamos claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 34,6%.
Entre los países donde el IRPF es más progresivo, España se sitúa en noveno lugar de un total de 22 analizados. Además, España supera en progresividad del impuesto sobre la renta la media de la UE y se sitúa en la media de la OCDE, al alcanzar el valor 112,8 frente a 112,9 de media de la OCDE y 100 de la UE. Así, según este indicador, en España el impuesto sobre la renta es un 12,8% más progresivo que el promedio de la UE.
Esta mayor progresividad en España debería ser tenida en cuenta a la hora de modificar la estructura del IRPF, ya que las presuntas mejoras de la equidad deben guardar un equilibrio con respecto a criterios de la eficiencia económica en la asignación de recursos por parte de las personas físicas. La introducción de distorsiones a través de los impuestos en las decisiones de trabajo y ahorro de los contribuyentes generarán un mayor o menor nivel de actividad en función de cuáles sean sus decisiones de trabajar o de ahorrar. Estas decisiones se ven necesariamente afectadas por la tributación de dichas rentas y, por lo tanto, en la práctica, los niveles de renta dependen, en gran medida, de la fiscalidad que recaiga sobre ellos.
Conclusión: la única forma de aumentar la recaudación impositiva nacional pasa por favorecer la recuperación de la actividad a través de una fiscalidad competitiva que favorezca la actividad, la inversión empresarial y el empleo, lo cual pasa por mitigar nuestra excesiva tributación del capital y sobre la empresa, que es justo lo contrario de lo que algunos, equivocada e inoportunamente, plantean.