La CE investiga las ayudas a PSA Vigo en plena crisis del sector
Margrethe Vestager, comisaria europea de la Competencia (Foto: EC)
Tras nueve meses de caídas en las ventas la patronal ya habla abiertamente de «crisis»
Cuando el sector de la automoción en España habla ya abiertamente de «crisis» la Comisión Europea se ha puesto a investigar si las ayudas públicas que España ha concedido a la planta de PSA en Vigo son ilegales.
La caída de las ventas de turismos y todoterrenos del 8,3% en junio supone el noveno descenso anual consecutivo y el mayor para este mes en los últimos ocho años. Este agravamiento de la situación provoca que en la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) admitan que la automoción está «en crisis».
Por si la tensión en las ventas no fuera bastante para una industria con un peso muy importante para la economía española, la Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para evaluar si las ayudas concedidas por España (20,7 millones de euros) a PSA para invertir en su fábrica de Vigo se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales de finalidad regional.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha declarado que aunque la inversión pública es importante para fomentar el crecimiento de las regiones desfavorecidas, «debemos evitar las competiciones perjudiciales entre los Estados miembros». Por ello la Comisión investigará «meticulosamente» si las ayudas aprobadas por el Gobierno de España en 2017 son realmente necesarias para que PSA siga invirtiendo en su factoría viguesa sin falsear indebidamente la competencia o ir detrimento de la cohesión en la UE.
En 2015 PSA comenzó a invertir alrededor de 500 millones de euros para fabricar nuevos vehículos y mejorar su fábrica de Vigo. En noviembre de 2017, España notificó a la Comisión su intención de conceder ayudas públicas al proyecto por un importe de 20,7 millones de euros.
Como cualquier Estado miembro España puede apoyar el desarrollo económico y el empleo en sus regiones más desfavorecidas. Pero tiene que hacerlo cumpliendo determinadas condiciones: las ayudas deben incentivar la inversión privada, deben limitarse al mínimo necesario y no atraer la inversión de una región igualmente o más desfavorecida de otro Estado miembro.
La Comisión duda por el momento de que esos 20,7 millones de euros se ajusten a todos los criterios de las Directrices sobre ayudas regionales. Entre otras cosas, Competencia teme que esa inyección de capital público sea la razón por la que PSA ha decidido traer ese proyecto a España desde una región más desfavorecida económicamente de otro Estado miembro, o incluso que la compañía francesa hubiera realizado la inversión en cualquier caso en Vigo sin las ayudas públicas españolas.
Con arreglo a las normas europeas las inversiones de las grandes empresas en cadenas de producción sólo pueden acogerse a ayudas si van encaminadas a lograr cambios pioneros en el proceso de producción. Y por el momento, la Comisión duda de que el proceso de producción previsto en Vigo sea lo suficientemente innovador como para poder acogerse a esa excepción.
En estas circunstancias las autoridades de la Competencia seguirán investigando hasta confirmar o no sus reservas iniciales. España y terceros interesados podrán formular alegaciones.
Está comprobado que las grandes empresas invierten en una región u otra no solo dependiendo de las ayudas estatales, sino teniendo en cuenta también el coste y la disponibilidad de mano de obra y de suelo, la legislación fiscal, sus operaciones existentes en la región en cuestión o el entorno empresarial. Si una empresa que pensaba invertir sí o sí en un determinado lugar recibe ayudas reduce sus costes de explotación normales en detrimento de sus competidores, que tendrían que soportar esos costes sin ayuda provocando distorsiones de la competencia a expensas de los contribuyentes.
Las Directrices adoptadas por la Comisión en 2014 permiten las ayudas regionales si incitan realmente al beneficiario a invertir en una región determinada; si se limitan al mínimo necesario para atraer la inversión a la región desfavorecida; si no crean exceso de stock en un mercado en declive; si no superan el límite máximo; y si no provocan la «deslocalización» de una factoría.
Todo esto es lo que ahora deberá averiguar la Comisión Europea respecto a PSA Vigo en un contexto en el que el sector de la automoción europeo, también el español, está en grave riesgo.
