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La Administración debe más de 4.800 millones a los autónomos

Artur Mas

La Cataluña de Artur Mas lidera el ranking de morosos en España

Tardan en pagar sus facturas alrededor de 148 días, cuando en el sector privado la media es de 95 días

Extremadura reduce su deuda con autónomos y microempresas un 24,6% y Cataluña es la más endeudada (796 millones), y la que más tarda en pagar (153 días) junto con la Comunidad Valenciana (152 días)

Las Administraciones Públicas adeudan unos 4.811 millones de euros a los autónomos. La «dolorosa» se ha reducido en unos 699 millones pero sigue siendo un lastre para los miles de pequeños y medianos empresarios que luchan por mantener abiertos sus negocios en medio de una crisis que ya dura 5 años.

Según una encuesta realizada por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, «el dinero que deben las Administraciones Públicas a los autónomos desciende, por primera vez desde el inicio de la crisis, desde los 5.000 millones de euros hasta los 4.811 millones de euros (en la anterior encuesta la deuda alcanzaba los 5.510 millones de euros).

Los datos apuntan claramente a la más morosa de todas las Administraciones Públicas (Gobierno Autonómico, Diputaciones, Entes Locales y Empresas Públicas): Cataluña es la que más facturas impagadas adeuda a los autónomos que trabajan para ella; su deuda asciende a 796 millones de euros, un 16,5% del total de la deuda española con los autónomos.

Las siguientes Comunidades que lideran este ranking de morosidad con los autónomos son Andalucía (697 millones de euros, un 14,5% del total de la deuda española), Comunidad Valenciana (661 millones de euros, un 13,7%), Madrid (479 millones de euros, un 10% del total de la deuda española), Castilla-La Mancha (333 millones de euros, un 6,9% del total de la deuda española), Murcia (275 millones de euros, un 5,7% del total de la deuda española con los autónomos) y Castilla y León (267 millones de euros, un 5,5% del total de la deuda española).

Así, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 54,7% de la deuda pública con los autónomos y microempresas.

Las regiones donde los pequeños y medianos empresarios tiene menos problemas para cobrar sus facturas a las Administraciones Públicas son Cantabria, Navarra y La Rioja.

Según los expertos de ATA, esta reducción de la morosidad se ha producido como consecuencia de la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico unido a la reducción de gastos llevada a cabo por el conjunto de las Administraciones a nivel nacional. De ahí que en todas las comunidades autónomas haya descendido la deuda que tienen con los autónomos.

Cabe destacar el caso de Extremadura, que ha visto descender su deuda un 24,6%, en unos 49,8 millones de euros, hasta situarse en 153 millones de euros. Con una reducción también muy importante se encuentra País Vasco, comunidad cuyas administraciones han reducido la morosidad con autónomos y microempresas en un 21,2%, rebajando la cuantía de facturas pendientes de pago en 50,1 millones de euros.

Pero además de reducirse la cantidad de dinero que las Administraciones Públicas adeudan a autónomos y microempresas, también se ha rebajado el plazo medio de pago de las facturas atrasadas, pasando de los 163 días de media a los 148 días actuales. Estos plazos deberán ajustarse, de acuerdo con la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la UE , a los 30 días en 2013.

En la actualidad, 3 de cada 10 autónomos encuestados, el 29,1%, tarda en cobrar las facturas emitidas a la Administración más de seis meses, el 54,6% tarda en cobrar de entre 90 y 180 días y sólo el 16,3% de los autónomos cobra antes de 90 días.

Deuda CCAA Autónomos [1]

Deuda CCAA en febrero de 2013

Es la Administración Central el organismo público que paga antes sus facturas. Con un plazo medio de 47 días, está muy lejos de los 142 días que tarda una Comunidad Autónoma en pagar sus deudas y de los 154 que tardan los Ayuntamientos, que es, además, donde se concentra el mayor volumen de la facturación de autónomos a las Administraciones Públicas.

Estos datos son más hirientes si se comparan con los plazos de pago que manejan las empresas privadas. Según el informe de ATA, si en el caso de las Administraciones Públicas los autónomos tardan en cobrar sus facturas una media de 148 días, en el caso de las empresas privadas el periodo de cobro se reduce hasta los 95 días, plazo también alejado de los 90 días que establece, como máximo, la Ley de Morosidad para 2013.

Ahora bien, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es el número de días que tarda en abonar los servicios que le ha prestado un autónomo. Así, mientas que la gran empresa (la de más de 1.000 trabajadores), tarda una media de 133 días en pagar las facturas, el periodo medio de pago entre autónomos desciende a los 67 días.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), «a pesar de que es una buena noticia que se reduzca la morosidad pública con los autónomos, es imprescindible poner freno a un problema tan grave que continúa obligando a echar el cierre a cientos de autónomos cada día, donde las Administraciones Públicas continúan siendo una fuente de destrucción de empleo, autónomos y empresas».

Amor pide al Gobierno que cumpla la promesa que realizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro [2], relativa a que el autónomo que tenga dificultades para cobrar una factura de una administración pueda acudir directamente a Hacienda para que se la paguen. Luego será el Estado quién le descuente el importe a ese ayuntamiento o comunidad autónoma de su participación en los ingresos públicos.

«Además resulta imprescindible», según los autónomos, «que el Gobierno permita al autónomo compensar las deudas que tenga con Hacienda o con la Seguridad Social con las facturas impagadas que a su vez mantenga una administración con él; o bien, que pueda obtener un aplazamiento automático en sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. Es inconcebible que la Ley de Morosidad continúe sin un régimen sancionador. De nada sirve la norma si, al que la incumple, no se le aplica una penalización ejemplarizante», añade Amor.

Para poner coto a la morosidad privada, «del mismo modo que se exige a una empresa que cobra del sector público estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, se debe de exigir que también que esté al corriente de pagos con toda la cadena de subcontratación, donde se encuentran gran cantidad de autónomos», concluye  Amor.