España gasta 14.000 millones en subvenciones sin control al año
Las conclusiones principales de la AiREF son para asustar…
Las Comunidades Autónomas conceden cada año 9.700 millones de euros en subvenciones «sin evaluación ex-post»
Actualmente, no es posible determinar el volumen de gasto total en subvenciones públicas en España.
Esta afirmación debería poner los pelos de punta a cualquiera. Pero si la hace, como es el caso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiREF), debería hacer que los españoles saliesen a la calle a tapar el sumidero en el que se han convertido las ayudas públicas.
Un estudio realizado por la AiREF sobre las subvenciones en España constata que «en términos de contabilidad nacional, las subvenciones alcanzaron los 12.000 millones de euros en 2017. Pero según la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) a la que ha acudido el organismo presidido por José Luis Escrivá la cifra alcanzaría los 14.300 millones de euros. Es decir, que para empezar hay un desfase de 2.300 millones de euros.
Lo peor es que esos más de 14.300 millones no tienen control. Los técnicos de la AiREF han apreciado «una carencia generalizada de sistemas adecuados de seguimiento y evaluación posterior» de las subvenciones, lo que significa que «en la mayoría de las ocasiones no se miden la consecución de objetivos», que muchas veces son «muy imprecisos».
La Autoridad Fiscal ha dejado negro sobre blanco lo que muchos temían, que lo de las ayudas públicas es un «chorreo». El organismo lo dice de otra manera: «En España las subvenciones se planifican según políticas públicas, muchas veces incoherentes, que se solapan entre las concedidas por el Estado y las Comunidades Autónomas».
Uno de los agujeros por el que se esfuman miles de millones de los impuestos de los españoles (que nada es gratis) está en la La Ley General de Subvenciones (LGS) de 2003 y su reglamento de 2006, que no incluyen a cientos de entidades y sujetos vinculados al sector público que conceden subvenciones, «pagos corrientes sin contrapartida» que no están recogidos específicamente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Pero ¿quiénes manejan este importantísimo capital? Las comunidades autónomas conceden cada año 9.700 millones de euros en subvenciones. Es un importe muy superior a lo concedido por la Administración General del Estado (AGE), que no llega a 3.000 millones, e infinitamente mayor al que «dan» las corporaciones locales (1.600 millones).
La AiREF ha detectado que en las conferencias sectoriales en las que se reparten todos estos fondos destinados a ayudas a la Vivienda, el Empleo, Servicios Sociales o Agricultura, por poner algunos ejemplos, carecen en su mayoría de criterios objetivos, públicos y revisables. Y que en las reuniones que se celebran para repartir los fondos no se discuten los criterios por los que se «territorializan» los fondos. De hecho, en algunos casos se reparten el mismo porcentaje de fondos desde hace años a las mismas comunidades autónomos, sin analizar si en otras regiones hace más falta.
Aún más, «la mayor parte de las reuniones son «un trámite administrativo previo a recibir los fondos, sin un verdadero debate sobre los criterios relevantes de reparto y los objetivos alcanzados en ejercicios anteriores».
La Autoridad Fiscal irá desgranando en posteriores estudios más «fallos» en el sistema de subvenciones español. Pero con lo ya expuesto, el nuevo Gobierno ya tiene materia para reformar el sistema de concesión, el control de las ayudas y la consecución de los objetivos para los que están diseñadas. La XIII Legislatura no ha hecho mas que arrancar y hay cuatro años por delante para solucionar este «chorreo».
Podrían empezar por monitorear los 600.000 euros en ayudas a pymes y otras entidades que este lunes ha aprobado el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades para «implantar planes de igualdad en aquellas empresas con plantillas de entre 30 y 49 personas trabajadoras que vayan a aplicar un plan de igualdad por primera vez»…
