El Gobierno pone 105 millones sobre el barro causado por el Ebro
Vicepresidenta y ministro de Interior explican las medidas adoptadas
Las pérdidas que ha provocado superan ya los cien millones de euros, según las estimaciones provisionales
El Gobierno ha aprobado una ayuda «urgente y provisional» de 105 millones para ayudar a los afectados por la crecida del Ebro. La medida se ha tomado con carácter de urgencia porque, «pese a que aún persisten los efectos de la riada en algunas zonas y aunque aún no se tiene una evaluación completa de los daños, es necesario adoptar ya decisiones urgentes».
Las estimaciones provisionales de las distintas Administraciones elevan las pérdidas a 105 millones de euros. Unos 100 millones corresponden a bienes de titularidad estatal y el resto a bienes públicos no estatales y de particulares.
Las medidas «urgentes» fueron anunciadas ayer tras el Consejo de Ministros por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien calificó la crecida del río Ebro como «la peor en veinte años». Tal es así, que ha anegado en torno a 20.000 hectáreas y ha obligado al desalojo y la evacuación de unas 1.500 personas.
Para empezar a paliar las consecuencias de la crecida, lo primero que se hará es restablecer el normal funcionamiento de los servicios públicos en las zonas afectadas, iniciar las reparaciones necesarias y ayudar a los particulares.
En este sentido, Fernández Díaz explicó que las ayudas llegarán a todos aquellos que hayan sufrido daños personales, daños en sus viviendas y también en sus explotaciones agrarias, un concepto este que, a diferencia del habitual de «establecimientos agrarios», permitirá que las ayudas se extiendan a elementos esenciales que no se pueden asegurar, como los caminos privados o la pérdida de las capas cultivables de terreno.
También se prevén ayudas para las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, y a las corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a las situaciones de emergencia (como la retirada de nieve o lodo o el drenaje del agua).
Además, en esta ocasión los requisitos para conceder las ayudas se flexibilizan ampliando hasta dos meses el plazo para presentar las solicitudes y reduciéndose de seis a tres meses el plazo para resolverlas.
En atención especialmente a los daños causados en Aragón, el Gobierno incluye algunas medidas específicas que gestionará el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La principal son las ayudas adicionales a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción.
Además, el Consejo de Ministros podrá eximir de la evaluación de impacto ambiental a aquellas obras de reparación o rehabilitación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones que deban hacerse por el procedimiento de urgencia.
Respecto a este asunto del impacto medioambiental y de cómo evitar que este tipo de catástrofes se repitan, el ministro del Interior detalló que durante los años 2013 y 2014 se destinaron casi 70 millones de euros a limpiar los cauces de los ríos y que este año se destinarán 25 millones.
El anuncio de las medidas «urgentes» para paliar los efectos de la crecida del Ebro se hacía al mismo tiempo que el presidente del Gobierno comparecía ante los medios en Zaragoza después de visitar las zonas afectadas y reunirse con los alcaldes de los municipios afectados.
Mariano Rajoy dijo que se trabaja con «diligencia y rapidez» para paliar los daños de la crecida del Ebro y reconoció que la provincia de Zaragoza ha sido afectada con «especial crudeza».
El presidente, que afeó al líder de la oposición, Pedro Sánchez, el tono usado para reprocharle que no haya visitado antes las zonas afectadas -«para sacar partido de desgracias como esta», dijo-, explicó que el Gobierno y el Ejecutivo de Aragón han estado coordinados permanentemente para resolver todos los problemas generados por las inundaciones.
Rajoy avanzó que las medidas se aplicarán a todos los municipios afectados y que «tanto el Gobierno de España como la comunidad autónoma gastarán todo aquello que sea preciso» para que la situación vuelva a la normalidad. «Seremos rápidos y flexibles a la hora de resolver los graves problemas que se han generado a las personas», recalcó Rajoy.
Por último, el Consejo de Ministros también autorizó ayer un crédito extraordinario de 850 millones de euros para este ejercicio y 180 millones para 2016, destinado a financiar la ayuda de 426 euros al mes a parados de larga duración con responsabilidades familiares, que han agotado todas las prestaciones.
