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El Consell de Mallorca deberá suspender la moratoria de centro comerciales

Ensenyat Riutort

Ensenyat no aprueba el libre comercio…

La CNMC pide a las autoridades mallorquinas que derogue la norma que establece cautelarmente una moratoria para instalar nuevos centros comerciales

La Comisión considera que la moratoria comercial en la isla obstaculiza de forma significativa la competencia y contribuirá a elevar los precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido este martes al Consejo Insular de Mallorca, presidido por Miquel Ensenyat Riutort, que suspenda la moratoria sobre la construcción de nuevos establecimientos comerciales.

Según la Comisión, la normativa, que afecta a la isla de Mallorca, crea un obstáculo injustificado para la competencia efectiva en el mercado de la distribución comercial en Mallorca.

En concreto, explica la CNMC, la ley que quiere aprobar Ensenyat Riutort, que preside el Consell gracias a un pacto con Podemos, impide la entrada de nuevos operadores y la expansión de los ya existentes en la distribución comercial minorista de la isla de Mallorca. Este hecho reduce considerablemente la competencia efectiva y potencial en la Isla, lo que puede traducirse en precios más elevados para los consumidores y en menores incentivos a la eficiencia, la inversión, la innovación y la calidad.

Por otra parte, Competencia considera que la moratoria comercial a los grandes establecimientos comerciales no está justificada en razones de interés general. Y por último, y quizás más grave, dice la CNMC, la medida adoptada por el Consejo Insular no se ajusta al Derecho de la Unión Europea, que obliga a los poderes públicos a justificar las restricciones a la competencia efectiva.

Así pues, la CNMC entiende que las autoridades de la isla deben suspender la prohibición de construir nuevos establecimientos comerciales para favorecer el interés general. En caso contrario, la CNMC, que está legitimada para impugnar los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo, se verá obligada a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Las ventas en los centros comerciales superaron en 2015 los 40.000 millones de euros

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