Bruselas avisa a España del riesgo por la elevada deuda
Proyecciones de la Comisión Europea sobre la deuda pública española
Esto mismo ya lo advirtió la AIReF en un informe de julio de 2019
La Comisión Europea (CE) ha alertado este miércoles de que el alto nivel de deuda pública en España es un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En su evaluación semestral del progreso en reformas estructurales, prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos por parte de los Estados miembros, el Ejecutivo comunitario señala que, a pesar de la buena coyuntura económica y los bajos costes de financiación de los últimos años, la deuda pública no se ha reducido convenientemente.
«El alto índice de deuda pública continuará disminuyendo lentamente. Bajo un escenario de pocos cambios se pronostica que el índice de deuda del gobierno general disminuirá ligeramente del 97,6% en 2018 al 96% del PIB en 2021. Se espera que la disminución sea impulsada por el crecimiento nominal del PIB y la caída del gasto en intereses. Después de disminuir en 0.5 puntos porcentuales (pps) al 2,5% del PIB en 2018, se proyecta que el déficit del gobierno general se reducirá al 2,3% del PIB en 2019. Bajo este escenario se proyecta que el déficit disminuirá aún más al 2,1% de PIB en 2020, y al 2% en 2021. Es probable que el saldo primario permanezca prácticamente sin cambios en torno a cero, mientras que el costo promedio de la deuda continuará cayendo mientras el costo de emisión permanezca por debajo del costo promedio de la deuda», se puede leer en el informe, al que puede aceder aquí en inglés.
«En el entorno actual de bajas tasas de interés, los Estados miembros continúan teniendo posiciones muy diferentes en términos de deuda y desafíos de sostenibilidad. Los déficits gubernamentales en la UE, en promedio, han comenzado a aumentar nuevamente, revirtiendo la tendencia descendente de los últimos años», continúa el texto que la Comisión ha enviado al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Banco Central Europeo y al Eurogrupo.
«Las políticas fiscales nacionales siguen siendo insuficientes. Los altos niveles actuales de deuda pública son una fuente de vulnerabilidad en algunos Estados miembros y una restricción para que los gobiernos brinden estabilización macroeconómica cuando sea necesario. En Italia, Bélgica, España y Francia, los índices de endeudamiento no han disminuido, a pesar de las favorables condiciones económicas y financieras de los últimos años. Los Estados miembros con altos niveles de deuda pública deberían hacer un proceso rápido para reducir la deuda, al tiempo que se priorizan los gastos para dar cabida a inversiones adicionales. Esto debería crear espacio para una política fiscal anticíclica en caso de una recesión», recomiendan las autoridades europeas.
El problema español se agrava porque, dice el estudio, «España, Portugal, Irlanda y Croacia se caracterizan por una combinación de vulnerabilidades vinculadas a la alta deuda privada, gubernamental y externa».
Efectivamente, se puede leer en el documento referente a España, «el stock de deuda privada ha seguido disminuyendo, pero persisten las necesidades de desapalancamiento. A pesar de la reducción sustancial de la deuda entre los hogares y las empresas (en términos consolidados), la deuda del sector privado sigue siendo alta, con 130,6% del PIB en el tercer trimestre de1919. Esta es una reducción de más de 70 pps desde su punto máximo (de los cuales aproximadamente 45 pps por corporaciones no financieras (NFC) y 25 pps por hogares)».
Hay otro punto alarmante a destacar en el informe. «El déficit del Gobierno de España sigue siendo tercamente alto, ya que el nivel de impuestos es bajo en relación con el gasto. Los riesgos para la sostenibilidad fiscal general siguen siendo significativos a mediano y largo plazo. En particular, el Gobierno (de PSOE-Unidas Podemos) planea volver a vincular permanentemente las pensiones con el IPC y disociar los niveles de pensión iniciales de los cambios en la esperanza de vida, en ausencia de medidas compensatorias adecuadas, lo que aumentaría significativamente el gasto en pensiones a mediano y largo plazo y empeoraría las tasas de equidad generacional».
