Ayuso lleva al Gobierno ante los tribunales por la liquidación del IVA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta mañana en rueda de prensa
El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso presentará mañana un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional por vulneración del principio de “lealtad institucional”
Considera que el impacto económico estimado asciende a 377 millones de euros
La Comunidad de Madrid presentará este miércoles en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo para reclamar al Gobierno de España la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, cuyo impacto económico se estima en 377 millones de euros.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recurre a los tribunales después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya señalado que no se puede compensar el desajuste que se produjo hace dos años año en la liquidación del impuesto, debido a la prórroga presupuestaria y a que el Gobierno está en funciones.
Sin embargo, el Gobierno regional entiende que se ha vulnerado el principio de “lealtad institucional”, recogido en la Ley 22/2009 que rige la financiación de las comunidades autónomas, que señala que “en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá́ todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente».
En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy implantó un nuevo sistema para modernizar y optimizar la gestión del IVA (Suministro Inmediato de Información –SII-) utilizando medios electrónicos. A raíz de este cambio, los ingresos de las autoliquidaciones del mes de noviembre de ese año se pospusieron al 30 de diciembre y se contabilizaron por parte del Estado ya en enero de 2018, por lo que 2017 se cerró con tan sólo 11 meses contabilizados.
El nuevo sistema ha provocado una merma en los ingresos de las comunidades autónomas para 2019, que es cuando se recibe la liquidación del IVA de 2017. En el caso de la Comunidad de Madrid, se estima en 377 millones de euros el impacto económico por haber perdido el mes de diciembre en la liquidación del IVA, lo que equivale al 0,15% del PIB.
En este sentido, el Ejecutivo madrileño recuerda que el Gobierno central había reconocido la necesidad de introducir medidas correctoras y así lo reflejó en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Ese texto recogía que este año se ejecutarían un total de 13 autoliquidaciones para compensar lo ocurrido en 2017.
Sin embargo, en el Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró públicamente que no se podía llevar a cabo dicha compensación al no contar con Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Eso no impidió al Ejecutivo socialista aprobar un Real Decreto-ley para actualizar de forma extraordinaria las entregas a cuenta de 2019 para las Comunidades Autónomas. El importe total ascendió a un valor superior a los 5.500 millones de euros. Es la primera vez que el Ministerio de Hacienda actualizó las entregas a cuenta sin tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado del año en curso y, además, estando en funciones. «Una medida que sienta un precedente y refuerza la autonomía financiera de las comunidades», advirtió ese día la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
Montero explicó que la aprobación de esos anticipos fue posible ahora tras haber quedado superados los reparos iniciales de la Abogacía del Estado, que entendía que un gobierno en funciones no podía condicionar con esta decisión la actuación del gobierno entrante. La situación, prosiguió Montero, quedó resuelta con la convocatoria electoral del 10 de noviembre, dado que el nuevo ejecutivo no podrá conformarse como mínimo hasta diciembre y «ya no tendrá capacidad para intervenir en las cuentas pasadas de 2019».
Sea como sea, el Ejecutivo madrileño sigue además reclamando al Gobierno de España la subvención al Consorcio Regional de Transporte, que asciende a 127 millones de euros y que permite sufragar más de 1.550 millones de viajes cada año. Esto significa que, sin la aportación del Estado, se dejarían de beneficiar 139 millones de viajes.
La Comunidad de Madrid ha solicitado por carta, desde la Consejería de Hacienda y Función Pública, y desde la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, el abono de la aportación del Estado al Consorcio Regional de Transportes.
