El jurado electoral de Perú dijo el lunes que rechazó las últimas apelaciones de Keiko Fujimori y se alista para proclamar esta semana al ganador de los comicios de inicios de junio, en el que según el cuestionado recuento de votos se impuso el comunista Pedro Castillo.
El anuncio del resultado final de la segunda ronda electoral se ha dilatado por las cientos de impugnaciones y anulaciones de votos presentadas por Fujimori principalmente de zonas pobres del país andino donde ganó Castillo.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dijo por Twitter que declaró por unanimidad la improcedencia de las cinco apelaciones presentadas la semana pasada por el partido Fuerza Popular de Fujimori, y en adelante se «procederá a la elaboración del acta de proclamación de resultados generales».
«De igual forma, el JNE procederá a la inmediata organización de la ceremonia de entrega de credenciales a la fórmula presidencial que corresponde. Dicha ceremonia se programará para esta semana«, refirió el jurado electoral.
De acuerdo al recuento de votos del 6 de junio, Castillo, un profesor de escuela rural de 51 años, obtuvo el 50,12% de los votos en el balotaje del 6 de junio frente al 49,88% que obtuvo Fujimori.
La diferencia fue solo unos 44.000 sufragios, pero el partido de Fujimori había alegado irregularidades en el proceso electoral y denunciado fraude.
La proclamación se producirá a casi una semana de que el presidente interino Francisco Sagasti entregue la posta del poder para un gobierno de cinco años el 28 de julio, cuando Perú celebrará el bicentenario de su independencia.
El proceso electoral y el ajustado resultado ha dividido profundamente a Perú y casi todos los días se han registrado marchas, algunas violentas, de apoyo a los candidatos.
Sería la tercera derrota electoral de Keiko Fujimori, tras perder los comicios del 2011 y el 2016. La política enfrenta una acusación fiscal por lavado de dinero tras recibir aportes de campaña presuntamente ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, una empresa envuelta en casos de corrupción. Por este caso, la fiscalia anticorrupción ha solicitado 30 años de prisión.
Castillo, un desconocido por la mayoría de la población hasta poco antes de las elecciones, busca una nueva Constitución que dé al Estado un mayor rol en la economía, un plan que ha sacudido a la elite política y empresarial del país minero.
